El TSJA condena a la Junta por no colaborar en el cierre de la vaqueriza
El Ayuntamiento difunde la sentencia lamentando que tuvo que clausurarla “sin ayuda alguna”
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Junta por “no colaborar con el Ayuntamiento en la orden de clausura de la vaqueriza” de la Avenida de la Matea, según ha informado el Gobierno local lamentando que la sentencia “recrimina a la Administración autonómica que no acordara la cancelación del código de explotación de la ganadería”.
El Gobierno municipal ha explicado que el TSJA “ordena a la Junta a que colabore con el Consistorio en las gestiones de cierre forzoso de la actividad ganadera, todo ello con la imposición de costas a la parte recurrente”. “Actualmente el contenido condenatorio de dicha sentencia ya no tendría razón de ser, porque al final el Ayuntamiento consiguió sin ayuda alguna desmantelar dicha instalación para cumplir con la resolución administrativa validada por los tribunales de Justicia, pero sí pone en evidencia el incumplimiento del deber de lealtad institucional de la Junta para con el Ayuntamiento”, ha asegurado.
En el mismo comunicado público, precisa que “el desmantelamiento de la explotación ganadera que estaba ubicada en las inmediaciones de la Avenida de la Matea y que ya hoy en día es una realidad sigue generando resoluciones judiciales. En esta ocasión, una sentencia del TSJA notificada al Ayuntamiento, en virtud de la cual se confirma la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Cádiz, de fecha 17 de diciembre de 2021, por la que se estimaba el recurso interpuesto por el Consistorio contra la Junta al negarse a cancelar el código de explotación de la ganadería cuyo cese se ordenó en 2015”.
El Gobierno municipal recuerda “la resolución de cese, hasta tres pronunciamientos judiciales diferentes que avalaban la legalidad de dicha resolución y el deber de acatarla y ejecutarla por entender los tribunales que la explotación ganadera generaba un problema de salubridad pública y que, por consiguiente, primaba el interés general de la salud de las personas”.