Moreno pide “seriedad y rigor” a la vicepresidenta Ribera sobre Trebujena
L El presidente de la Junta considera “una decisión de campaña” el informe realizado en contra del macroproyecto turístico
La última posición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y del Gobierno central en contra del macroproyecto turístico de lujo en Trebujena fue catalogada ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como “una decisión de campaña”. “Tenemos un gobierno claramente electoralizado”, añadió. “Hay que respetar su dictamen, son sus competencias”, aclaró, pero también pidió “seriedad y rigor” a la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera.
Así, Moreno lamentó “la falta de seriedad” de la vicepresidenta del Gobierno, “nos llama locos al Gobierno
de todos los andaluces, no conoce Andalucía” y “no se lee los papeles”. El dirigente popular recordó que se trata de una iniciativa impulsada por un ayuntamiento de Izquierda Unida (IU), “sin un concejal del Partido Popular”, que hizo una modificación urbanística para convertir a suelo urbanizable.
“Llevamos 3 años preguntando a la confederación, dependiente del Gobierno de España, qué iba a hacer en el ámbito de los usos hídricos, que para eso es la autoridad. Ahora parece que han llegado las elecciones y le han entrado las prisas. Nosotros hemos cumplido con lo que marca la ley técnicamente. La jefatura de servicio ha cumplido con la ley. El trámite que nos pedía el Ayuntamiento lo hemos justificado y la autoridad hídrica ha dicho que no puede hacerse. Hay que respetarlo, son sus competencias, del Estado”, explicó.
Sobre la posibilidad de que pudieran recurrir, Moreno dejó claro que eso le corresponde al Ayuntamiento, “que es el promotor”, que comenzó la iniciativa, “y el otro promotor fue la Junta a través del Consejero de Ordenación del Territorio, que era Juan Espadas, que abrió lo que llamó espacio de oportunidades para hacer la modificación urbanística”. “Nace de IU y el PSOE, nosotros hemos sido meros tramitadores. Y ahora el PSOE lo cierra”, concluyó el presidente.
Las dudas se centran ahora en si el Consistorio deberá compensar económicamente a la promotora privada con el convenio que tenga firmado con esta.