Dos años de prisión a los promotores del edificio Cuesta Real en Algeciras
● Son declarados culpables de estafa y alzamiento de bienes ● Otras dos personas vinculadas a la promotora son también condenadas por estafa y falsedad documental
El caso del fallido proyecto inmobiliario del edificio Cuesta Real, en la calle Cánovas del Castillo del centro de Algeciras, que mantenía desde hace más de 20 años a 32 compradores sin pisos y sin dinero, ya tiene sentencia.
La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a los dos administradores de la promotora Obranda SL a dos años de prisión por la comisión de los delitos de estafa y alzamiento de bienes. Otros dos acusados, vinculados a la promotora, han sido condenados a un año y nueve meses de cárcel por estafa y falsedad documental. La sentencia, emitida en enero de 2023 tras celebrarse el juicio, es firme desde el pasado verano al no mediar ningún recurso.
Otras cinco personas que estaban procesadas, trabajadores de la extinta Caja General de Granada, han quedado absueltas al retirarse los cargos tras un acuerdo extrajudicial entre 24 de los denunciantes y la entidad bancaria que asumió la cartera de propiedades de la caja. Dicho acuerdo ha permitido a ese grupo de perjudicados recuperar las cantidades que entregaron a cuenta de los pisos más un 25% de compensación. Los ocho compradores restantes, que llegaron a escriturar la compraventa, no han podido –por el momento– recuperar el dinero entregado.
Los 32 compradores del edificio, que nunca se ha habitado y que ha sufrido problemas de ocupación, denunciaron entre los años 2008 y 2009 por estafa al estimar que se les aumentó el precio de la hipoteca de manera unilateral, con la supuesta connivencia de la entidad bancaria que les había concedido el préstamo, la Caja General de Granada, y mediante documentación falseada. También reclamaban por no haber recibido las viviendas.
Tras la vista judicial, la sentencia considera como hechos probados que los 32 compradores de las viviendas firmaron con los dos administradores de Obranda una serie de contratos en los que el precio se desglosaba en conceptos con un calendario de pagos conforme a la señal inicial, una serie de letras de cambio y la subrogación en la hipoteca que pesaba sobre las viviendas por el precio restante y que había sido concedida a los promotores por la Caja General de Granada.
“Con posterioridad a la celebración de los contratos, los acusados idearon un plan para lucrarse económicamente a costa de los compradores aprovechándose de la situación de prevalencia que tenían frente a ellos, ya que estos habían ido cumpliendo con todas las obligaciones económicas derivadas de sus contratos y, sin embargo, no habían recibido nada aún de Obranda, estando a la espera de la entrega de los pisos. Así, les anunciaron primero que de forma unilateral cambiaban el plazo de entrega (inicialmente de 20 meses). Después les hicieron dos propuestas de aumento del precio final, que fueron ambas rechazadas por los compradores”, recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario.
Ante la negativa a asumir la subida de precios que pretendía imponer Obranda a los compradores, el 2 de mayo de 2008 los responsables de la promotora y los otros dos condenados procedieron a elevar a escritura pública los contratos privados de compraventa en una notaría de forma fraudulenta, sin conocimiento ni consentimiento de los compradores, elevando notablemente el precio de los inmuebles vendidos y aumentando la cantidad que tenían que asumir los compradores al subrogarse en el préstamo hipotecario que pesaba sobre las fincas.
El trasfondo del fraude a los compradores se produjo porque, según la sentencia, en 2006 y a espaldas de los clientes, los promotores de Obranda habían suscrito con Caja Granada nuevos préstamos hipotecarios “que no tenían intención alguna de devolver” usando como garantía unos bienes (el edificio) que ya no era suyo. “Es decir, el principal de todos los créditos lo percibieron ellos, obteniendo así un ilícito enriquecimiento. Pero la devolución corría a cuenta de las personas a las que habían vendido los pisos y las plazas de garaje de su promoción”, da por probado el tribunal como motivación por parte de los condenados para tratar de endosar el incremento a los clientes y quedarse con la diferencia. Las viviendas jamás fueron entregadas a sus compradores.
De los 32 denunciantes, un total de 24 se acogieron en los meses previos a la vista a un acuerdo extrajudicial con la entidad bancaria que absorbió a la Caja General de Granada y que constaba en el procedimiento como responsable civil subsidiaria.
El acuerdo, promovido por letrados Enrique Del Águila González-outón y Felipe Parrilla Tejuca, del despacho Viñas de Roa Abogados, consistió en la retirada de la acusación contra los cinco empleados del banco que –según la acusación– colaboraron en la trama a cambio de cobrar el 100% de las cantidades pagadas por los pisos más un 25% de compensación en concepto de intereses y costas del procedimiento.
A este acuerdo se acogieron 24 de los 32 perjudicados que no habían firmado la escritura pública de compraventa y de subrogación hipotecaria. Los ocho perjudicados restantes que habían suscrito dichos documentos tenían el delito prescrito, explican los letrados.
Elevaron las hipotecas de las viviendas, que no fueron entregadas, para quedarse con la diferencia