La ley Puigdemont, el juez justiciero y un PP antisistema
● La ley de amnistía –y la frustración del PP por no alcanzar el Gobierno– sacuden la política española hasta situar a todos los actores fuera de sus roles razonables
LA ley de amnistía es cada día un poco más la ley Puigdemont. En este independentismo de sainete y fuga no hay grandeza, solo miedo e intereses. La ley tiene nombres y apellidos. Va contra la igualdad y el interés general de una ley. Y en las cesiones del Gobierno no late la confianza de encauzar a todo ese ecosistema extramuros del sistema ni en la constitucionalidad ni en la convivencia. Ni siquiera espera un pacto de legislatura hoy inexistente. Una cosa es la narrativa y otra son los hechos, siempre más contundentes y menos sospechosos. El relato se ha agrietado. La ley es ya indisimuladamente un traje a medida para Puigdemont, Marta Rovira y los CDR, aquellos muchachotes catalanes que incendiaban las calles mientras sus mayores practicaban el fascismo desde las instituciones.
GARCÍA-CASTELLÓN, LA OPOSICIÓN DE LA TOGA
En contraposición y como prueba de que nada está en su sitio, en el trabajo del juez García-castellón hay algo muy parecido a una instrucción ad hominem y contra factum. A cada movimiento legislativo mueve ficha judicial tratando de achicar el espacio a la ley de amnistía. Desde la recta final del pacto del PSOE con Junts, el juez ha tratado de limitar o eliminar el efecto benefactor de la ley, sea imputando a Puigdemont y Rovira por terrorismo o, como esta semana, respondiendo a la enmienda definitoria de los delitos de terrorismo que quedarían a salvo con la amnistía mediante la atribución a algunos de los implicados en el caso Tsunami Democràtic violaciones “al derecho a la vida e integridad física”, que son los supuestos que marcan exactamente la frontera de los delitos que serán amnistiados. A la ministra Ribera no le corresponde atribuir intencionalidad política al juez, no puede hacerlo y es un error grave. Pero cada vez hay menos dudas respecto a la motivación del juez, convertido en un actor político. En este maremágnum, la presidenta de Madrid ha aportado su particular mirada desde un liberalismo castizo inclasificable: todo vale para proteger el Estado. Incluida la utilización de las fuerzas de orden público para espiar a sus rivales políticos o la fabricación de pruebas y dosieres falsos. Es de suponer que, en coherencia, Ayuso defendería incluso a los GAL. España en deconstrucción.
EL FASCISMO DEL ‘PROCÉS’
Todo lo que envolvió al procés fue un fascismo de nuevo cuño y no otra cosa. Lo fue permitir que Barcelona ardiera literalmente a favor de la causa, permitir el acoso al discrepante desde las instituciones, cercenar carreras profesionales a los no indepes, excluir a los medios de comunicación discrepantes e incluso a los tibios del reparto de publicidad institucional, asfixiar en las universidades a quienes no eran de la causa y permitir que la institución académica se pusiera al servicio del procés; fascismo fue rodear y atentar contra tiendas, domicilios y propiedades de señalados políticos, jueces y ciudadanos que se manifestaban cada día en contra de lo que ocurría en Cataluña
o simplemente por hacer su trabajo; y lo fue callar cuando en restaurantes y espacios públicos se increpaba a quienes por su acento consideraban españolistas y, por lo tanto, enemigos a batir. Calló mucha gente. Otros fabricaron informes ad hoc y apoyaron económica, mediática, social, jurídica e intelectualmente lo que vendría a continuación.
Fue fascismo porque aquel comportamiento fue antidemocrático, identitario, ultranacionalista, totalitario (el poder de la Generalitat en Cataluña era casi omnímodo hasta la aplicación del 151 y la libertad con mayúsculas y la protección física e intelectual se limitaba a quienes impulsaban el procés) y además se practicaba contra la mitad de la población del Estado que estos iluminados querían construir. Fue fascismo porque incitaban a las masas y apelaban a la patria y a su interpretación histórica como única verdad indiscutible, basamento de todas las majaderías nocivas que perpetraron. Fue fascismo porque pusieron los medios de comunicación públicos a legitimar intelectual e informativamente el procés y a triturar a los contrarios, con profesionales echados al monte y participando, estultos y empoderados, en lo que creían –por convicción o por miedo a perder sus posiciones– un nuevo amanecer catalán. Si los hubieran dejado, Cataluña sería hoy un desastre mucho mayor del que es precisamente por culpa de esta banda que hoy se verá amnistiada de su comportamiento pese a no haberse arrepentido de nada y pese a que se les va a conceder la oportunidad de volver a gobernar instituciones con semejante currículo de irresponsabilidad y comportamientos ilegales.
ACUERDO PARA LA TRANSICIÓN NACIONAL
Aquello no fue un calentón del pueblo sino un calentamiento institucional que comenzó en 2014, cuando Artur Mas (entonces CIU) firmó solemnemente con Oriol Junqueras (ERC) el “Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Cataluña”. Y llegó el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña: 141 páginas elaboradas por el llamado consejo Asesor de Transición Nacional en la que se detallaba cómo desmontar el sistema legal vigente y cada paso a seguir hasta la declaración un unilateral de la independencia. Ese documento contenía las líneas maestras del procés. El magistrado Pablo Llarena considera ese libro blanco la pieza clave de todo lo que vino detrás.
VOLVERÁN A HACERLO
Las nuevas enmiendas pactadas por el PSOE con Junts y apoyadas por todo el bloque de investidura protegen directamente a Carles Puigdemont, sumo sacerdote de la rebelión, a la secretaria general de ERC marta Rivera, investigados por terrorismo en el Caso Tsunami, así como a todos los encausados de los CDR, para los que piden 27 años de prisión. El Gobierno deja fuera de la ley los casos en los que se provocara de forma intencionada la muerte de personas, a lo que se agarran los socialistas para defender la enmienda. La propuesta blinda cualquier responsabilidad de quienes participaron en hechos vinculados al procés entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Barra libre. Tarifa plana, como quieran.
No se trata de comparar los hechos que quedarán exentos y enterrados con el terrorismo de ETA, como ha sugerido el ministro de Justicia Félix Bolaños. Obvio que