TERRORISMO
Dos decisiones judiciales en causas relacionadas con el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, complicaron que la ley de amnistía, como pretende, deje impune los delitos de los que se le acusa y sobre los que ha eludido responder ante el Poder Judicial, justo cuando hoy el Pleno del Congreso debatirá la proposición de Ley para su envío al Senado, cuya votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica.
Por un lado, el juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del procés que se investiga como parte del caso Voloh y que implica, entre otros, al ex responsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas; al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; y al informático Jaume Cabaní.
Y, por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el papel de la plataforma Tsunami Democràtic en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del procés a los independentistas catalanes, Manuel García Castellón, incidió en un nuevo auto en el que los hechos encajan en el delito de terrorismo y pone sobre la mesa hasta tres convenios internacionales para apuntalar su tesis, uno de ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993.
En el auto del juez barcelonés se fija el inicio de la prórroga cuando concluya el actual plazo, el 27 de febrero, y se alargará seis meses más. Además, también detalla que debe prorrogarse la instrucción de esta pieza, ya que “ésta es la pieza de la que derivan las demás piezas separadas de la llamada Operación Voloh, por si resulta necesario practicar más diligencias de prueba comunes a las demás piezas y hasta que no finalicen éstas”.
Tras revisar la documentación de la causa, el magistrado asegura que ha encontrado “datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana”, alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.
Según el juez, el interés de los investigados era establecer vínculos de “influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso”.
En este sentido, alude a la presunta previsión de los investigados de que “se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia, siendo (al parecer y según se desprende de algunos mensajes encontrados en el teléfono móvil del investigado Terradellas), la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa”. Sería éste, dice el magistrado, “el primer paso importante de la estrategia política del Gobierno ruso y su presidente (Vladimir) Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea”. Lo que considera un indicio de delito de traición.
Aguirre cree que hay mucha documentación aún por revisar y su intención es profundizar en las relaciones con ciudadanos rusos, uno de ellos, un ex diplomático que se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges de Barcelona días antes de la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017. También detalla otro encuentro propiciado supuestamente por Terradellas, en el que participaron un ex militar ruso y Jordi Sardà, que en la reunión hizo de intérprete y de “enlace con el Gobierno ruso”.
Por lo que respecta a la causa de la Audiencia Nacional, si la semana pasada el magistrado García Castellón sostenía que las heridas graves sufridas por dos agentes en los disturbios de octubre de 2019 eran “incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos” –algo que abre la puerta a excluir el caso de la ley de amnistía–, ayer sumó otros tres tratados a la ecuación. Así, en su auto, en el que acuerda prorrogar otros seis meses la instrucción, también cita el artí