Puerto III, la cárcel con mayor número de agresiones de toda España en 2023
El 10% de episodios violentos contra funcionarios se concentró en cuatro prisiones gaditanas ● Sumaron en total 47 ataques
La central sindical CSIF ha dado a conocer los datos del pasado año sobre la situación de los funcionarios en las prisiones españolas, en cuanto al número de agresiones registradas hacia ellos por parte de la población reclusa, en los que se analiza la provincia de Cádiz.
Según el Ministerio del Interior, en 2023, se produjeron, entre las cuatro prisiones de la provincia de Cádiz, 27 agresiones a funcionarios de carácter leve y 20 agresiones sin lesiones. Esto supone casi un 10% del total de las agresiones cometidas en todos los centros penitenciarios del país. Para el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF Cádiz, las cifras oficiales son “inasumibles en un estado de derecho” y “deberían hacer recapacitar a la Administración, aumentando el personal y tomando una serie de medidas que llevamos años reivindicando”.
Para CSIF, hay que tener en cuenta que falta personal en todas las categorías, pero hay casos sangrantes, como el tema médico, con un déficit de personal facultativo que impide el correcto seguimiento y tratamiento de numerosos internos que padecen trastornos y enfermedades mentales. Es obvio que estas patologías, cuando no son atendidas adecuadamente, la agresividad aumenta.
Además, a juicio de CSIF, son cifras que “están maquilladas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, pues no se recogen las agresiones verbales, la coacciones o las amenazas, y tampoco los escupitajos o tocamientos, ya que no están contempladas en el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones”. Si se tuvieran en cuenta estos episodios, “la cifra sería más escandalosa”.
Por ello, CSIF también ha reclamado que se actualice dicho protocolo, que, a día de hoy “enmascara y distorsiona la lacra de las agresiones a funcionarios en las prisiones”.
A todo esto, CSIF añade que es “crucial que los profesionales penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de su cargo, ya que, sin este reconocimiento, el trabajador no dispone de un respaldo jurídico ante incidentes graves y lesivos”. “Agredir a un funcionario, en la actualidad, sale muy barato a los reclusos violentos”, apostillan desde la central sindical.
Al mismo tiempo, CSIF considera que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “debe ofrecer una formación continua y actualizada en materias relacionadas con las funciones que desempeñan los trabajadores, con el objetivo de evitar, o al menos minimizar, riesgos ante las agresiones”.
Según los datos del Ministerio del Interior, Puerto III (la prisión con mayor población reclusa de España) fue el centro con mayor número de agresiones registradas de todo el país, con 16 casos con lesiones leves y 11 agresiones sin lesiones. Le siguen Zaragoza y Dueñas (Palencia). Puerto I registró seis agresiones con lesiones y seis sin lesiones. Puerto II, tres con lesiones y una sin lesiones. Algeciras-botafuegos, dos con lesiones y otras dos sin lesiones.
La Central Sindical espera que la Administración penitenciaria “corrija esta situación y cuide de su personal, pues nadie, en su puesto de trabajo, debe correr riesgos hacia su integridad por falta de medios”.
Cabe recordar que ya en el pasado mes de diciembre Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, denunciaron la “situación insostenible” que se vive en el centro penitenciario Puerto III, y que la calificaban como “la prisión de España más masificada de las dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con casi 1.300 internos”. El hacinamiento en esta cárcel de El Puerto, añadían, “provoca incidentes y problemas de seguridad”.
Advertían igualmente los sindicatos que dicho centro penitenciario “se está convirtiendo en una auténtica olla a presión”. Y que además alberga cerca de 1.300 internos, cuando su capacidad operativa es de 1.008.
De la misma forma, advertían que Puerto III no es ajena a la problemática de falta de médicos, “con menos del 50% de efectivos, lo que imposibilita una atención sanitaria adecuada, incrementándose los problemas regimentales. No podemos obviar que cerca del 30 % de la población reclusa sufre algún tipo de trastorno psiquiátrico y está sujeta a medicación psicotrópica, lo que requiere una supervisión constante por parte de los facultativos”, subrayaban los sindicatos.