El fraude eléctrico: un problema penal, socioeconómico, social y sanitario
● Los expertos invitados a la mesa de debate recalcaron la necesidad de endurecer el Código Penal en relación con este delito cuando va asociado al cultivo de marihuana
En los últimos años, uno de los principales caballos de batalla al que se están enfrentando las eléctricas es el fraude en el consumo del fluido eléctrico, vinculado al consumo de cannabis, es decir, auténticas plantaciones de marihuana instaladas en viviendas particulares. Un triste fenómeno que afecta especialmente a las provincias de Granada, Almería y Sevilla, y que la compañía Endesa ya ha denunciado. Y los datos son claros. Según la eléctrica, el consumo anual de electricidad para alimentar plantaciones de marihuana de forma fraudulenta asciende a 2.200 gigavatios hora (GWH), el equivalente al consumo total de la ciudad de Sevilla en un año. Y más datos: en el último año, Endesa ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, a nivel nacional. El 37% de la energía defraudada detectada el pasado año por Endesa, se vincula al cultivo de marihuana, casi diez puntos más que en 2022 y un 83% más que hace cinco años.
Los sistemas de alimentación de estas plantaciones necesitan estar 24 horas encendidos con ventilación e iluminación a través de enganches ilegales. Estas sobrecargas provocan que las líneas subterráneas se quemen y que afecte a los centros de transformación en zonas próximas. Pero el problema va más allá y hay muchas más aristas, convirtiéndose también en un problema penal, socioeconómico y sanitario.
Ante este contexto, se hace necesario alzar la voz y crear sinergias entre los distintos agentes implicados: fuerzas y cuerpos de seguridad, Estado, o administración re
gional y local, entre otros, para abordar esta lacra conjuntamente. Todo ello es lo que ayer se puso de manifiesto en el desayuno-coloquio organizado este martes por Diario de Sevilla y Endesa titulado
El fraude eléctrico y sus consecuencias en la red de distribución.
La mesa de debate, moderada por el subdirector de Diario de Sevilla, contó con la participación de varios expertos que aportaron su visión y posibles medidas para paliarlo: Emilio Jiménez Criado, director de e-distribución (filial de redes de Endesa) en Andalucía y Extremadura; Ignacio Aycart Luengo, asesor responsable del Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz; Juan José Torres Ventosa, abogado experto del Despacho Rocajunyent; José Antonio Galiani Domínguez, psicólogo sanitario y forense, director del Centro Psicosanitario Galiani; y Jaime Bretón Besnier, comisionado para el Polígono Sur de Sevilla.
Precisamente, es en esta zona de Sevilla donde más se concentran las plantaciones ilegales de marihuana, agravando la vida de un sector de población que ya de por sí, vive en una difícil situación socioeconómica: barrios de rentas medias-bajas, o muy bajas. Tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como el Comisionado expusieron su visión sobre cómo afecta a estas familias el fraude eléctrico. “En estas zonas la droga tiene un nombre , que son las plantaciones ilegales de marihuana en las casas. Las consecuencias sociales son terribles: no sólo que se vaya la luz en las viviendas, sino que los pisos salen ardiendo, los sanitarios que trabajan en estas zonas nos comentan que hay niños con problemas de salud por inhalar olores permanentemente asociados al cultivo de la marihuana. También a los vecinos se les presiona para malvender su vivienda para plantar cannabis, o no se pueden ir de vacaciones porque cuando vuelven está ocupada su vivienda. Además, se trata de un mal ejemplo para la gente joven de estos barrios, porque ven aquí el dinero fácil: sacan en torno a unos 3.000 euros al mes con esta práctica”, explicó el comisionado.
Como señaló el responsable de Endesa, Emilio Jiménez, “el 67% de las plantaciones de marihuana que se decomisan se localizan entre Andalucía y Cataluña, pero aquí este tipo de práctica se concentra en estos barrios con dificultades, en las viviendas que estaban abandonadas, o bien alquilan habitaciones. Esto conlleva un uso industrial en una instalación que está pensada para uso domestico y así aparece la interrupción del suministro” y aclaró que Endesa, como distribuidora, “tiene capacidad para hacer algún tipo de intervenciones, pero que solo palian el problema de forma momentánea. Si acrecentamos la capacidad de la red, a largo plazo, lo que hacemos es acrecentar el problema porque, a más redes y más capacidad, más marihuana. Así ha ocurrido en la zona norte de Granada, donde hemos triplicado la capacidad de la red”.
Desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Ignacio Aycart recordó que empezaron a trabajar en este problema en 2015, “cuando comenzó a agravarse la situación de las plantaciones en la zona norte de Granada y desde entonces hay una progresión en negativo”, apuntó. “Hay que asumir la gravedad de un problema que afecta a los más desfavorecidos, saber cómo viven esas familias que tienen un contrato y pagan sus facturas pero sufren cortes de luz de 10 ó12 horas diarias. En Cataluña, a diferencia de Andalucía, las plantaciones se instalan en las zonas industriales o en invernaderos y no hay ese problema”, puntualizó.
El tema también se abordó desde una perspectiva sanitaria, por parte de José Antonio Galiani, quien puso el foco en las nefastas consecuencias que puede llegar a tener el consumo de esa marihuana que se cultiva indoor es transgénica y la toxicidad es mayor, con un nivel de THC del 30%. Galiani dio un dato preocupante: el 50% de los brotes psicóticos que llegan a Urgencias están asociados al consumo de esta droga. “Tenemos a chicos y chicas que prueban esa droga con 1314 años y llegan al sistema público de salud con graves problemas. Psicosis, depresión, esquizofrenia, crisis de ansiedad… Hay un deterioro neurocognitivo de los chavales”, aseguró.
El psicólogo forense hizo especial hincapié en la falta de percepción del riesgo que tiene la droga para los jóvenes actualmente, el concepto de rebranding. “Parece como que no tuviera consecuencias sociales, o familiares, la idea de que el cannabis es terapéutico, que genera empleo... Los jóvenes piensan que tienen un bajísimo riesgo para su salud, y tienen un acceso fácil al cannabis”, lamentó el experto.
Otro de los prismas que adquiere un gran peso es el penal, que fue analizado por el abogado especialista Juan José Torres, quien lamentó la obsolescencia de la ley que regula este delito. “Seguimos anclados en el año 1940. La tipificación del delito no ha variado nada desde entonces”, criticó, y afirmó que, “a día de hoy existe, sorprendentemente, una especie de ‘tolerancia social’ hacia la marihuana y el cannabis, ¿Cómo se penaliza? Sólo con penas de multas. Les pueden caer 150.000 euros, pero solo se les pone el umbral mínimo, 3.000 euros, a pesar de que este fraude va asociado a un catálogo de delitos: tráfico de drogas, amenazas a vecinos, usurpación de la propiedad. Es la espiral del delito”, definió. Para el jurista la solución “obvia” para por reformar el Código Penal y endurecer las penas. “No podemos tener las mismas penas de 1940, hay que contemplar la posibilidad de penas de prisión. Y segundo, contar con la presencia del Estado, por supuesto”.
En este punto, Aycart discrepó, ya que cree que si se modifica el tipo básico del Código, pueden pagar justos por pecadores. “Cuidado con eso. No se puede mandar a la cárcel a familias que podrán tener la luz enganchada, pero no tienen plantaciones. Para una pena de cárcel el delito deberá llevar agravantes como pertenencia a banda organizada o delito contra la salud
pública”, remarcó. En esta línea se posicionó también el responsable de Endesa, que indicó que estaba de acuerdo en el hecho de que hay que buscar la proporcionalidad adecuada entre la pena y el delito.
Sí hubo consenso en recalcar que la actuación de la Policía en operaciones concretas o aumentar la capacidad de la red e incluso poner más infraestructuras no es suficiente. “Las medidas policiales no deben ser las únicas, hay que adoptar otras acciones. El problema es la falta de evaluación y de seguimiento: si desmantelas una plantación, hay que desarrollar luego una acción coordinada y con un seguimiento. Eso es lo que está fallando en Granada. No sirve de nada que la gente denuncie. Los agentes van, se quita esa plantación pero se vuelve a empezar”, insistió Aycart.
Bretón apuntó también a una mayor responsabilidad del Estado. “El Congreso de los Diputados tiene que endurecer las penas. No se puede imponer una pena disuasoria, porque si el que delinque no está en una organización criminal ni tiene antecedentes, no le pasa nada. Ahí los alcaldes tienen mucho que decir para presionar al gobierno. Pero mucho me temo que este tema no se va a abordar en el Congreso de los Diputados”, lamentó.
Emilio Jiménez expuso, a modo de conclusión, la necesidad de un trabajo conjunto y coordinado para hacer frente al problema. “Es muy importante, por eso, la colaboración con las fuerzas del Estado y con los distintos agentes implicados. Eso es lo que tratamos de trasladar en foros como éste. Yo puedo poner más infraestructura eléctrica pero eso no sirve. No tiene recorrido esa solución porque al final esa capacidad lo que hace es fomentar que haya más delito”, dijo.
Los participantes piden una mayor implicación de la Policía y del Estado en este grave problema
El 50% de los brotes psicóticos que llegan a Urgencias están ligados al consumo de cannabis