La investigación de Ríos Carratalá sobre el consejo de guerra de 1939
El origen de todo este proceso judicial es la investigación del catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá, publicada en Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista, y El caso Diego San José, la sombra de Miguel Hernández y el juez humorista en el que sitúa al padre del actual demandante, Antonio Luis Baena Tocón, como secretario del Juzgado Militar de Prensa entre 1939 y 1940 y, por tanto, como parte activa (instructor del caso) en el consejo de guerra que condena al poeta alicantino Miguel Hernández. Toda la argumentación histórica para considerarlo “cooperador necesario”, además de en los estudios mencionados, puede seguirse en el blog Conversación sobre la historia, donde cuenta el periplo judicial desde sus inicios con José Francisco Baena.
El demandante, por su parte, tiene un blog específico sobre Antonio Luis Baena Tocón, “el hombre que no condenó a Miguel Hernández”, en el que desarrolla su propia investigación y de paso le deja algunos recaditos al catedrático como “autor de libelos difamatorios”. Según su estudio particular, su padre se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio (y, por tanto, no era cargo público para “perder su anonimato” en prevalencia de los derechos personales ante el de expresión e información) y sus funciones eran las de secretario judicial, que no suponían una participación activa en los consejos de guerra.
Ante la publicación de la Universidad de Alicante, el demandante solicitó que desapareciese el nombre de su padre por no ser una ‘figura pública’. La entidad accedió a respetar el anonimato con las iniciales, lo que el catedrático recurrió. Por otra parte, José Francisco Baena solicitó a Google Spain la protección del derecho al olvido de su padre y que suprimiese dieciséis enlaces que contienen información sobre él, pero la Agencia Española de Protección de Datos no le ha dado la razón y el demandante lo tiene recurrido. Todo este proceso ha sido recogido por algunos medios de comunicación que ahora se ven sentados en el banquillo, acusados de divulgar la “información manipulada”.