Unos trabajos pendientes desde 2018

Fue en el año 2018 cuando el entonces Ministerio de Fomento situaba al puente José León de Carranza entre las infraestructuras que más necesidades de actuación presentaba, con patologías que ya entonces calificaba como “potencialmente graves que pueden afectar a su comportamiento resistente”. Según ese informe, dos eran los puntos negros principales en el puente. Uno situado en el punto kilométrico 5, en su acceso desde Cádiz, y el segundo en el punto kilométrico 2, que viene a ser en mitad del puente. En ambos casos el índice de patología que señalaba Fomento estaba por encima de 80 (81 y 87, respectivamente) en un cálculo entre 0 y 100.

El primero de esos puntos ya estaba entonces en fase de estudio, para ver la evolución que tenía, indicándose hace media docena de años que si se veía necesario “se procederá a hacer la actuación que corresponda”, al mismo tiempo que se advertía que se estaba a la espera de una “inspección general” del puente. Posteriormente, a finales de 2019, la actuación necesaria en el puente Carranza se cifró por parte del Gobierno central en 15 millones de euros, avanzando intervenciones “muy complejas” que incluían actuar sobre los pilares que se consideraban tenían un especial sufrimiento por los vientos y el mar, por encima del que soportan otros puentes españoles. Y en el objetivo de aquel año 2019 estaba también cambiar los pretiles de la plataforma, habilitando un diseño similar al que tiene el puente de la Constitución de 1812, que se consideraba más seguro y más moderno. El refuerzo de la iluminación y la señalización y la mejora del firme, sobre todo en el tramo móvil, completarían esta intervención que desde el año 2018 está esperando la ciudad. A estas actuaciones pendientes que parece que al fin van a empezar este mes de marzo hay que sumar la inversión permanente en la conservación del puente, cuyo contrato (para el Carranza y el nuevo) se firmó en 2021 por 10 millones de euros y un período de tres años.