Las consultas de los jueces a Europa por la norma amenazan con paralizar su aplicación
Las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales ante la Justicia europea por la ley de amnistía amenazan con paralizar su aplicación, aunque las órdenes de detención quedarán sin efecto y las causas del procés en suspenso una vez la ley entre en vigor. Fuentes jurídicas dan por hecho que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tienen en sus manos las principales causas contra los líderes independentistas, no tardarán en elevar sus dudas sobre la amnistía al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa.
La ley podría entrar en vigor a final de mayo o principio de junio tras superar un tortuoso trámite en el Senado, donde el PP ralentizará su aprobación. La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y, entonces, los tribunales deberán aplicarla con carácter “preferente y urgente” en un plazo máximo de dos meses. La entrada en vigor comportará que queden sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, tanto nacionales como internacionales, y el alzamiento de las medidas cautelares que pesen sobre los amnistiables.
La Justicia europea tendrá que pronunciarse sobre la ley si los tribunales españoles elevan cuestiones prejudiciales para determinar si la norma encaja en el derecho de la Unión, especialmente en los dos delitos amnistiables que suscitan más dudas entre la judicatura: el terrorismo y la malversación.
La cuestión prejudicial implica la suspensión inmediata de la aplicación de la ley de amnistía, pero al mismo tiempo ata de manos a los jueces que la planteen, que no podrán seguir practicando diligencias del procedimiento en curso. El cruce de la ley con las cuestiones prejudiciales puede propiciar una suerte de limbo legal para los amnistiables: Puigdemont, por ejemplo, podría regresar a España sin órdenes de detención vigentes, pero a la vez sin la garantía de haber sido exculpado por la medida de gracia.