GUARDERÍAS, situación límite
● Propietarios y propietarias de centros de Educación Infantil piden encarecidamente la subida del IPC a la Junta “para poder sobrevivir” ● Retrasos en los pagos, burocracia extrema y desinformación, sus quejas
Los centros de educación infantil no pueden más. Desde hace meses vienen denunciando la grave situación que están padeciendo, insistiendo al gobierno autonómico en que revise el IPC, pues entienden que desde la última subida en 2020, justo antes de la pandemia, todo se ha encarecido notablemente.
Desde la última revisión, tal y como reconocen estos centros, “los costes laborales han subido un 20,60% y los gastos de funcionamiento, un 17,41%, sin embargo el importe del precio de la plaza no ha variado. Nuestra situación es insostenible”.
Son las palabras de un grupo de propietarios/as de este tipo de centros con negocios en Jerez, Sanlúcar y El Puerto, negocios que se encuentran al límite y que, de no variar la situación, se verán forzados a cerrar a corto plazo, simplemente “porque no podemos más”.
Su lucha contra la decisión de la Consejería comenzó hace más de un año, a través de la Plataforma Ticei 0-3 años, que engloba a 400 centros en toda Andalucía, una lucha que seguirán defendiendo “porque es lo más justo”.
Para llegar a esta situación límite, los centros de educación infantil, las antes llamadas guarderías, luchan contra varios frentes. El principal es el estancamiento del precio de la plaza, que lleva sin actualizarse desde 2020. A su juicio, “se está incumpliendo la ley porque según la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, en el punto 1 del artículo 25, el importe público deberá establecerse a un nivel que, como mínimo, cubra el coste total de la prestación del servicio, y eso no está ocurriendo”.
Además, el artículo 26, en su punto 4, recoge que “el importe de los precios públicos podrá ser objeto de revisión cuando varíen los costes de servicio, actividad o la entrega del bien. Viendo esto, nos están variando el coste del servicio y lo dice la ley, por eso vamos a llegar hasta el final”, advierten.
Es más, la plataforma, tras realizar el recurso de reposición, espera tener contestación por parte de la Junta, “antes del 25 abril, y si no tenemos nada, nos iremos directamente al juzgado porque hay una ley que dice que se debe subir el IPC”.
Pero su particular lucha afecta también a otros aspectos que, según aseguran, “van minando nuestra moral”.
Uno de ellos es el retraso en los pagos de los procedimientos, es decir, el periodo (normalmente cada dos meses) en los que el centro puede inscribir a más alumnos. “Cuando dependíamos de Bienestar Social, cada niño que se matriculaba, se pagaba a mes vencido, y ahora cada dos o tres meses. A mí me han entrado en enero varios y ya no me pagan hasta abril o mayo”, explica una de las propietarias.
Lo mismo ocurre con las mensualidades que “es un sinvivir. Hasta el 2020 nos pagaban los días 20 pero ahora no sabemos. El mes de diciembre muchos de nosotros no cobraron hasta el día 31 y a algunos les llegó el 1 de enero. Imagínate cómo vivimos. Estamos en un estado de tensión constante. Yo estoy medicada porque está todo tan ajustado que al final vives asustada”.
“No sabes si te van a pagar o no, si te va a entrar el dinero para pagar los seguros sociales, si va a venir una inspección... es horrible”, interpela otra.
Los responsables de estos centros tienen claro que la administración “mantiene las casas de las familias con nuestro bolsillo, porque nosotros estamos en medio. Ellos van colocándose las medallas, diciendo que dan plazas escolares a todos los tramos de edad, pero no piensan que el que está por medio, no cobra lo que tiene que cobrar”.
“Hemos llegado a una situación en la que no podemos ni cerrar, porque no tenemos dinero para liquidar a nuestro personal. Ahora mismo, la mayoría de nosotros está manteniendo puestos de trabajo, y manteniéndoles las plazas a ellos, porque encima, luego no podemos utilizar las plazas que quedan libres. Mis plazas son suyas pero usted sólo me paga la que estén cubiertas. Todo eso sin contar con los gastos de gestión que tenemos que hacer en cada procedimiento. Sólo nos pagan la gestión en el procedimiento extraordinario”.
Entre las quejas de este colectivo está también los impagos del mes de agosto, otra petición que vienen reivindicando en los últimos años. “Nos obligan a mantener al personal durante los doce meses del año, pero luego ellos sólo nos pagan 11, el mes de agosto no nos lo pagan y corre a cargo nuestro, igual que las pagas”.
LA GRATUIDAD, EN DUDA
Tampoco defienden la gratuidad del servicio, algo a lo que hizo mención la consejera Patricia del