“El Ayuntamiento ha hecho todo lo posible por cargarse el albergue”
● La Asociación Pro Derechos Humanos convoca una reunión el lunes para buscar alternativas al cierre del recurso municipal
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ofreció ayer una rueda de prensa a las puertas del centro de emergencia social, ubicado en La Florida, para denunciar el cierre de este recurso municipal y la falta de sensibilidad del Ayuntamiento a la hora de dejar sin alternativas dignas a sus siete ocupantes, entre ellos tres menores de edad. El portavoz de la asociación, Rafael Lara, acompañado de algunos de los afectados y de otros colectivos como Prodeni, y el concejal de Izquierda unida José Luis Bueno, fue muy duro al calificar la actuación del Ayuntaniento portuense en este asunto, denunciando que “han hecho todo lo posible por cargarse el albergue”.
Lara recuerda que desde hace años se vienen produciendo denuncias de los trabajadores de Anydes, la empresa que lo gestionaba, con una evidente falta de medios ante una gran población de personas sin techo en El Puerto “que no está siendo atendida”.
Según el portavoz de Derechos Humanos “el Ayuntamiento no tiene una política de protección de las personas sin hogar, y lo poco que había se lo ha cargado”.
El pasado mes de diciembre, cuando Anydes abandonó la gestión del centro de emergencia, residían en el centro 24 personas a las que se fue poco a poco desalojando, hasta quedar solo siete: un matrimonio con una hija de 17 años con Síndrome Down escolarizada en Afanas, que llevan allí siete meses tras ser desahuciados de su vivienda; una mujer con epilepsia y una lesión en la espalda que se produjo por una caída en el centro, que lleva allí un año también tras perder su casa y una madre ucraniana con una hija de dos años y un hijo de 14 escolarizado en el IES Santo Domingo e integrante de la selección andaluza de voleibol. Todos ellos, por circunstancias de la vida, se han visto en este centro como último recurso y ahora el Ayuntamiento los quiere reubicar en centros de Rota y Jerez, sin tener en cuenta que los menores están escolarizados en El Puerto.
Rafael Lara insistió en que “hay que buscar una solución digna a estas personas. les han dicho que se vayan porque hay que hacer unas obras en el albergue, aunque dudo que lo vuelvan a abrir. Les han cerrado la cocina y los tienen aquí encerrados y sin comida es una situación lamentable”, denuncia.
En cuanto a la propuesta de trasladarlos a otras ciudades Lara cree que “es la táctica que utiliza siempre la extrema derecha, quitarse de en medio el problema. Ellos son personas de El Puerto y hay que buscarles una solución aquí”, insiste. En cuanto a las posibles alternativas, considera que se les puede buscar a estas familias una vivienda provisional en El Puerto, para que los menores puedan terminar el curso en la ciudad en la que están arraigados. “Este centro tiene unas instalaciones muy potentes pero están infrautilizadas, no se ha querido hacer una buena gestión”.
Entre las medidas que Derechos Humanos plantea para reconducir el problema de las personas sin hogar se encuentra la elaboración de un censo de las personas que se encuentran en esta situación, algo que ya existe desde hace años en otras ciudades del entorno. También ven necesario un protocolo de actuación a través de una mesa de seguimiento de personas afectadas, con equipos a pie de calle, y todo ello desde la transparencia y contando con la colaboración de las asociaciones que trabajan con estas personas. En cuanto al albergue, piden una actuación urgente con cargo un presupuesto extraordinario para ello.
A las puertas del centro, mientras se desarrollaba la rueda de prensa, había un hombre debajo de un árbol que según los residentes vive allí, tras haber salido del albergue a finales del pasado año. Para Rafael Lara “este Ayuntamiento está siendo cruel con las personas débiles, falta sensibilidad y faltan escrúpulos”.
Desde Derechos Humanos van a seguir asesorando a los afectados en los próximos días y para el lunes han convocado una reunión con todos los colectivos que quieran participar, incluidos los partidos políticos, “para buscar una alternativa digna y justa a estas personas”.
Desde el Ayuntamiento se ha fijado el próximo martes como fecha límite para proceder al desalojo del centro, aunque los ocupantes no están dispuestos, por ahora, a marcharse. “No les pueden echar de aquí sin una orden judicial”, argumenta Lara.
Por parte de la asociación pro Derechos del Niño, Prodeni, su presidenta señala que están muy preocupados por la situación que los menores que viven en el centro, de dos, 14 y 17 años. La pequeña está en una guardería mientras su madre limpia casas, el niño de 14 años es un estudiante brillante del IES Santo Domingo y deportista con arraigo en la ciudad, y la menor de 17 años, discapacitada, está escolarizada en Afanas. “No queremos que se los lleven a otra ciudad, al niño de 14 años le han dicho que coja el tren todos los días para ir desde Jerez al instituto, no creo que sea la solución”, insiste.