La sentencia del Tribunal de Cuentas, un proceso paralelo a la causa penal abierta

En paralelo a la causa penal abierta por el desfalco de la caja de efectivo del Ayuntamiento de San Fernando –que, por cierto, hace años que dejó de existir– se llevó a cabo el procedimiento de reintegro por alcance que juzgó y sentenció el Tribunal de Cuentas en 2013.

Se trata de un proceso similar en muchos aspectos cuyo objeto no es otro que dirimir la existencia de responsabilidades ante el menoscabo de caudales públicos. La cantidad malversada de las arcas municipales, según se determinó en este juicio contable, se fijaba en 7.665.733,92 euros, una cifra que resultaba algo inferior a la que se había anotado siempre en la investigación (los 7,8 millones). La sentencia del Tribunal de Cuentas, de la que ya se han cumplido 10 años, consideraba como responsables directos del alcance a los dos funcionarios que estaban a cargo de la caja, Clemente Ruiz y María José Lebrero, a los que reclamaba en consecuencia el pago de dicha cantidad. En 2018 se dictó el auto de ejecución de sentencia y poco después se conoció la liquidación de los intereses, que ya entonces disparaban el importe reclamado hasta la cifra de 9 millones de euros.

Sin embargo, por el momento no hay constancia de que se haya conseguido recuperar ni un solo euro de esa cantidad millonaria que se esfumó de las arcas municipales durante 5 años.

Aunque en esta sentencia, la responsabilidad contable directa recayó sobre expresamente los dos funcionarios que estaban encargados del funcionamiento diario de la caja, el Tribunal de Cuentas consideró también responsables subsidiarios a los dos alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo la sustracción de fondos, a los interventores que habían pasado por el Ayuntamiento isleño durante el periodo en el que se produjo el desfalco y a la tesorera. En este caso, las cantidades reclamadas oscilaban entre los 29.779 y 67.450,72 euros.