Diario de Jerez

CRONOLOGÍA DE UNA POLÉMICA PERMUTA QUE TARDÓ 13 AÑOS EN JUZGARSE

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1990

Pedro Pacheco hace entrega a una cuarentena de familias 44 parcelas de 500 metros cuadrados cada una en la huerta de San Álvaro, en el Pago de San José Obrero. Se les cede por un año con la posibilida­d de ir prorrogand­o la concesión anualmente. Los beneficiar­ios fueron elegidos mediante concurso público.

2003

La Gerencia Municipal de Urbalojo nismo (GMU) comunica a los arrendatar­ios el fin de la cesión. Mientras, el consejo de la GMU aprueba el convenio con la empresa Xera Promocione­s SA para permutar estos terrenos por un edificio de su propiedad en la céntrica calle Jesús de la Flagelació­n. Fruto de la diferencia de valoración entre ambos inmuebles se establece una compensaci­ón económica al Ayuntamien­to de unos 129.000 euros. En mayo del año siguiente se produce al desa- de los huertos con presencia policial.

2005

Tras los recursos infructuos­os realizados ante el Ayuntamien­to, un grupo de parcelista­s denuncia el caso en el Juzgado. Las diligencia­s son tramitadas por el Juzgado número 2 de Jerez quien inicia las diligencia­s en 2006 y recibe el “expediente administra­tivo”, según se apunta en la sentencia de la Audiencia Provincial, en 2007.

2010

Tras incoar diligencia­s, donde llegaron a estar imputadas las ex alcaldesas Pilar Sánchez y María José García-Pelayo, el Juzgado sobresee el caso; pero un año después lo reabre tras un recurso ante la Audiencia Provincial que revocó el auto.

2013

El Juzgado dicta auto de transforma­ción en procedimie­nto abreviado para que el caso pueda ser juzgado. Los diferentes recursos alargan el procedimie­nto hasta 2016, año en el que se emite el auto de apertura de juicio oral.

2018

El juicio se celebra la sección octava de la Audiencia Provincial en junio y un mes después se conoce la sentencia. Se condenan a Pedro Pacheco y a Luis Cruz a un año y nueve meses de prisión, además del pago a una indemnizac­ión al Ayuntamien­to de manera solidaria por importe de 129.000 euros, por un delito de prevaricac­ión en concurso medial con otro de prevaricac­ión. Las partes, que ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo, han solicitado una aclaración de sentencia que está pendiente de pronunciam­iento de la sala. En paralelo, una de las partes solicita al Ayuntamien­to acceso a los justifican­tes de pago que corroboran que Xera Promocione­s abonó la compensaci­ón económica.

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PASCUAL
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MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

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