Cavada y Loaiza se enfrentan a un proceso del Tribunal de Cuentas
Junto a los dos alcaldes de La Isla, el procedimiento de reintegro por alcance abierto por el impago del canon del club náutico de La Casería afecta también a los ediles de Urbanismo
El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento de reintegro por alcance por “presuntas irregularidades contables” detectadas en el Ayuntamiento de San Fernando ante la anomalía de ingresos que supone el impago del canon por la utilización de las instalaciones municipales del club náutico de La Casería desde su puesta en marcha en 2012.
El proceso contable afecta de lleno a la alcaldesa, Patricia Cavada, y a su predecesor en el cargo, José Loaiza, así como a sus dos concejales de Urbanismo, Claudia Márquez y Ángel Martínez. Los cuatro políticos –de PSOE y PP– han sido señalados como presuntos responsables en el procedimiento que el departamento 2º de la sección de enjuiciamiento acordó iniciar el pasado 7 de enero tras las oportunas diligencias previas, donde se realiza ya una propuesta de posibles responsabilidades contables. Es decir, de las cuantías que a cada uno de ellos –si se confirmara
Las posibles responsabilidades se han cifrado en unos 120.000 euros
su responsabilidad en el proceso contable– se le podrían llegar a exigir por el hecho de no haber cobrado el canon del club náutico.
En el caso de la alcaldesa, Patricia Cavada, y de la actual concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, dichas responsabilidades se han cifrado en torno a los 100.000 euros al centrarse el proceso en las cuantías relativas a los últimos 6 años, periodo en el que ha gobernado casi en su totalidad el PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad. Así, para José Loaiza –regidor entre 2011 y 2015– y para su concejal de Urbanismo, Ángel Martínez, la cuantía propuesta para dichas responsabilidades contables es menor y ronda los 20.000 euros. Las cantidades al detalle, no obstante, no han llegado a trascender por el momento.
La cuantía que adeuda el club de pescadores deportivos en concepto de canon por el uso de las instalaciones municipales que ocupa desde hace casi una década se calcula que asciende a los 120.000 euros. De hecho, según un informe de Intervención, con fecha de 10 de febrero de 2017, dicha anomalía de ingresos ascendía a 119.325,49 euros. No obstante, en enero de 2019 se hablaba ya de 145.203,16 euros.
Hasta ahora, sin embargo, desde el Ayuntamiento isleño no se les había reclamado cantidad alguna al club, una circunstancia de la que se hizo eco el interventor en sus informes de fiscalización; lo que finalmente ha derivado en el procedimiento de reintegro por alcance que se ha abierto tras el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobado en julio de 2019 (informe de fiscalización sobre el análisis de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, correspondiente al ejercicio 2016).
Desde el equipo de gobierno se intentó convocar en la jornada de ayer una junta de portavoces para informar del tema, si bien finalmente no se pudo celebrar y se aplazó hasta el lunes. La próxima semana, previsiblemente, irá también el tema a comisión informativa ya que el Ayuntamiento isleño debe personarse en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas.
El concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, ha explicado también que se ha llegado a un acuerdo con la asociación de pescadores de La Casería para hacer frente al pago de las cantidades que adeudan en concepto de canon por el uso de estas instalaciones, las cuales –precisa– se le han demandado una vez que se ha resuelto la concesión que tenían (ahora se ha solicitado una prórroga) y se ha procedido a la oportuna liquidación por 157.073,55 euros. El acuerdo, aclara, incluye un fraccionamiento del pago en varias anualidades para que pueda ser más viable por la entidad.
Dicha cuestión solventa el problema de origen que ha dado pie al proceso contable del Tribunal de Cuentas, por lo que desde el equipo de gobierno se presume que no tendrá demasiado recorrido a pesar de lo llamativo que resulte.
Desde el ejecutivo municipal se explicó ayer que ya se ha dado traslado al Tribunal de Cuentas de esta liquidación, así como del hecho de que se ha continuado la tramitación hasta culminar con la garantía del abono de la cantidad estipulada, por lo que –asegura– “no hay menoscabo para las arcas municipales”. “De hecho, en ese sentido lo recoge un informe del interventor que también se aporta en el procedimiento, y que apunta que, habiéndose realizado la liquidación, se ha formalizado el derecho de cobro a favor del Ayuntamiento y la obligación de pago por parte de la asociación, quedando registrado así en la contabilidad municipal”, señala. “Todas las cuestiones han quedado resueltas”.