EL EDIFICIO SE DESMORONA
AL hilo de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Tomás R. Fernández, uno de los grandes juristas españoles del último siglo, ha publicado un brevísimo artículo de prensa en el que destaca un efecto muy destructivo y poco visible del Covid-19: a su juicio, nuestro ordenamiento jurídico, pieza esencial de lo que llamamos el Estado de Derecho, está sufriendo hoy un gravísimo deterioro.
Apuntala el maestro su tesis con dos ejemplos. Yo, humildemente, añadiré un tercero. Del Derecho Constitucional, dice, más vale no hablar. El hecho de que, en poco más de dos años, se hayan dictado setenta y ocho decretos-leyes, uno cada diez días, en detrimento de la Ley, el instrumento normativo por excelencia, ya revela el respeto que le merece al Gobierno el debate parlamentario. Añádase a ello el desahogo con el que, ignorando el art. 116.2 de la Constitución, se ha prorrogado, sin el control del Congreso, el estado de alarma.
En referencia al Derecho Administrativo, subraya Fernández que el precitado Real Decreto-Ley diseña una nueva Administración: con el horizonte de la gestión de los millones europeos, se modifican un sinfín de leyes, otra vez sin el concurso de las Cámaras, y se altera el aparato gubernamental vigente. La creación de una Comisión ad hoc modifica la función propia del Gobierno (art. 97 CE) y acaba reforzando el poder decisorio de su presidente. Intuye el egregio catedrático que esto despojará a la aplicación de esos fondos de todo atisbo de neutralidad y de consenso. El decretone –así lo denomina– desoye el espíritu de concertación, vertical y horizontal, que reclama el art. 131 de nuestra Constitución.
Súmese a lo expuesto el guirigay de nuestro maltrecho Derecho Penal, en el que diríase no queda ningún concepto firme, y díganme después si los argumentos de Tomás R. Fernández no reflejan sino la realidad de un país que está dilapidando su imperiosa calidad democrática. El presidente Sánchez desea y está consiguiendo gobernar sin el estorbo de las Cortes. Para mayor gloria de su colosal ambición, alienta el derrumbe de esa sólida arquitectura jurídica, cimentada en la pluralidad y en el acuerdo, en la que, al cabo, reside la mejor defensa de nuestras libertades.