EL DESPOTISMO DEMOCRÁTICO
HACE tiempo, Tocqueville advirtió que para algunos –él los llamaba los economistas– “el Estado no tiene como única misión mandar sobre la nación, sino moldearla de cierta manera; a él incumbe formar el espíritu de los ciudadanos con arreglo a un determinado modelo elegido de antemano; su deber consiste en imbuirle ciertas ideas e infundir en su corazón determinados sentimientos que juzga necesarios. En realidad, no hay límites a sus derechos ni hitos para lo que se pueda hacer; no solamente reforma a los hombres, sino que los transforma; ¡podría, si quisiera, convertirlos en otros!” Este inmenso poder social ya no emanaba de Dios ni de la tradición, ni de la herencia, ni de un rey, sino que era impersonal y “se llama Estado”. Él era “el producto y el representante de todos, y debe conseguir que el derecho individual se pliegue a la voluntad de todos”. Esta es una “forma particular de tiranía que se llama despotismo democrático”.
En ese Estado no habría “más jerarquías en la sociedad, ni separación de clases, ni rangos fijos; sino un pueblo compuesto por individuos casi semejantes y enteramente iguales, esa masa confusa reconocida como el único soberano legítimo, pero cuidadosamente privada de todas las facultades que pudieran permitirle dirigir o incluso vigilar por sí misma su gobierno. Por encima de ella, un mandatario único encargado de hacerlo todo en su nombre sin consultarla. Para controlar a éste, una razón pública sin órganos”; bajo la apariencia del derecho sólo existe “un agente subordinado; de hecho, un amo”.
En este camino, la intromisión del Estado va alcanzando y degradando a todos, pues “la moral y la inteligencia de un pueblo democrático no correrían menores riesgos que su negocio y su industria si el Gobierno reemplazara enteramente a las asociaciones”. Con ello “los sentimientos y las ideas no se renuevan, el corazón no se engrandece, ni el espíritu humano se desarrolla, sino por la acción recíproca de unos hombres sobre otros”. Porque “un Gobierno no puede por sí solo mantener y renovar la circulación de los sentimientos y de las ideas de un gran pueblo, como tampoco puede dirigir todas las empresas industriales. Tan pronto como intenta salirse de la esfera política para lanzarse por la nueva vía, ejercería, aun sin quererlo, una tiranía insoportable, pues un Gobierno sólo sabe dictar reglas precisas; impone los sentimientos y las ideas que favorece, y resulta difícil distinguir sus consejos de sus órdenes”.
Esta nueva forma de tiranía va tomando cada día fuerza en España. El Estado, que ya produce más del 40% de nuestros bienes y servicios, hace depender de él, mediante subvenciones, a asociaciones de todo tipo: patronales, sindicales, organizaciones culturales, deportivas… En la educación, el rechazo a la libre competencia se acompasa con la ramplonería igualitaria, hasta aboliendo el suspenso; en la información, controla la televisión estatal para imponer una visión sesgada de la realidad; visión que, con el concurso de otras cadenas, está entronizando un prisma único para entender al mundo y comprendernos a nosotros. Un paso más, que aterra, es la anunciada oficina para depurar las noticias falsas; terror porque serán los detentadores del poder quienes arbitren qué es y qué no es falso o verdadero. Tiranía que, con la connivencia de la corrección política de las grandes cadenas de televisión –también dependientes de ayudas del Estado– se levanta como una ola oscura sobre la libertad. Lo estamos viendo fuera de nuestras fronteras, pues tras la inicua ocupación del Capitolio aterra que los GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) estén limitando, incluso impidiendo, la libertad de expresión y comunicación entre ciudadanos. Mientras tal ola nos llega, nuestro Gobierno ha ejecutado un nuevo acto despótico: más allá de cómo hemos de comprender nuestro presente, ha decidido a través de la Memoria Democrática cuál es la verdad única de nuestro pasado. Y esto con el silencio cómplice, cuando no con la colaboración activa, de mi gremio de historiadores.
Y no creamos que tener mayoría parlamentaria da derecho a ejercer así el poder. De ese sofisma nos alertó Tocqueville. Esa mayoría es legal para ejercer el poder, pero ilegítima para rebasar los derechos democráticos intrínsecos del ciudadano, su derecho a pensar, debatir y expresarse como quiera, a exigir el pluralismo en la información, a mantener su autonomía moral frente al Estado… En definitiva, a ser un ciudadano libre que tiene el derecho y la obligación de levantarse ante esta nueva tiranía, la del despotismo democrático.
El Estado, que ya produce más del 40% de nuestros bienes y servicios, hace depender de él, mediante subvenciones, a todo tipo de asociaciones: patronales, sindicales, deportivas…