Uno de cada cinco niños extranjeros crece sin papeles en España
Save the Children lamenta que estos menores “vivan un escalón por debajo del resto de niños” y reclama como medida excepcional su regularización
En España en 2019 vivían un total de 721.556 inmigrantes menores de edad, de los que casi 147.000 lo hacían en situación administrativa irregular, lo que supone una tasa de irregularidad del 20,4%: uno de cada cinco niños extranjeros crece sin papeles en nuestro país.
Es la estimación que hacen Save the Children y la Fundación Por Causa en el informe Crecer sin papeles en España que presentaron ayer para ofrecer una fotografía actualizada e “inédita” de esta “población invisibilizada” y cómo sus derechos se ven recortados en salud, educación, vivienda o justicia.
“Estos niños sufren una triple vulnerabilidad: por ser menores de edad, migrantes y estar en situación irregular”, denunció el director general de Save the Children, Andrés Conde, que lamentó que estos menores “vivan un escalón por debajo del resto de niños” y reclamó su regularización como medida excepcional.
Más de la mitad de los 146.773 menores en situación irregular en España tienen menos de 10 años: 55.327 (el 37,7%) tienen entre 0 y 4 años y 28.441 (14,8%) entre 5 y 9. Cerca del 30% (40.738) tienen una edad superior a 15 años y 22.268 (14,7%) están en la franja de 10 a 14.
Las tasas de irregularidad en estos cuatro tramos están por encima de la media nacional que incluye a los adultos (13%) y subraya que la incidencia es más alta en el caso de los niños más pequeños (27,3%) y mayores (23,5%) que en las franjas intermedias.
Tres de cada cuatro menores sin papeles proceden de América Latina: Colombia concentra los números absolutos más altos (25.226) y le siguen Honduras (15.653), Venezuela (14.817) y Perú (11.436).
Según advirtió una de las autoras del informe, Jennifer Zuppiroli, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir de 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de esos países.
Los niños procedentes de África tienen un peso muy pequeño en la irregularidad ya que, pese a que este continente es el origen del 43% de los inmigrantes menores de edad residentes en España, sólo concentra el 13% (18.334) de los que lo hacen de forma irregular.
Las comunidades autónomas más pobladas aglutinan el mayor número de estos críos: Cataluña cuenta con más de 34.000; Madrid, más de 29.300; Comunidad Valenciana, casi 20.000, y Andalucía, 14.000. Una tendencia, sin embargo, que en términos relativos no se produce porque algunas de las regiones con las tasas más altas de niños sin papeles están entre las menos pobladas. Asturias, Galicia, Cantabria, Canarias y País Vasco tienen a más del 30% de los menores migrantes en esta situación, advirtió uno de los autores, Gonzalo Fanjul.
En España, la irregularidad administrativa es un fenómeno mayoritariamente sobrevenido por lo que los autores del informe advierten de que esta situación podría complicarse aún más como consecuencia de la crisis “devastadora” del coronavirus, la caída del empleo entre la población inmigrante y su impacto en los permisos de residencia.
“El tiempo corre en nuestra contra, nada se va a resolver por sí solo”, alertó Fanjul, que estimó que el número de inmigrantes sin papeles en España podría verse incrementado en más de 160.000 trabajadores “en los próximos meses o años”.
A esa cifra, dijo, hay que sumarle unos 13.000 casos más de niños que podrían quedar en esa situación al ser rechazada su solicitud de protección internacional.
Conde incidió en que la irregularidad precipita a estos menores a la pobreza y la exclusión social, y señaló que la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar con inmigrantes y menores a cargo es del 48% frente al 14% de uno con españoles.
“Sus salarios son menores, sus empleos más precarios y les resulta imposible acceder a ayudas sociales como el ingreso mínimo vital”, aseveró Conde antes de exigir que se permita a estas familias beneficiarse de esta prestación.
El acceso efectivo al derecho a la educación o a la salud de los menores sin papeles puede verse vulnerado por la falta de un permiso de residencia, de un NIE o de una tarjeta sanitaria, recalcó.