El consumo eficiente sale caro
El ciudadano medio gastará entre 60 y 85 euros más al año en una reforma de la factura eléctrica que se modifica para llevar a cabo un consumo más eficiente
ALBERT Einstein, físico alemán, dijo que “hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad, la voluntad”, una voluntad que desde el Gobierno y los organismos competentes parece disiparse en la factura de la luz de los Españoles.
Según los especialistas del sector energético, más de diez millones de hogares del territorio nacional sufrirán la subida aproximada de un 10% en la factura de la luz a partir del mes estival de junio. Es decir, las personas afectadas tendrán que hacer frente a un gasto de entre 60 y 80 euros más. Este incremento monetario se debe, entre otras cosas a hacer que las personas lleven a cabo un consumo más eficiente.
La Organización de Consumidores y Usuarios no ha tardado en exponer que se debe establecer un reparto de los costes fijos del sistema eléctrico algo más equitativo para que se lleve a cabo una reducción más efectiva en los montantes finales a los que deberán hacer frente los usuarios. En relación a esta petición, se está fraguando un anteproyecto de ley para abaratar un 13% la factura de la luz en los próximos cinco años.
Aún así, la realidad es que la luz no debe ser, bajo ningún concepto, un bien de lujo. Por ello, desde la Fundación Renovables, se afirma que es indispensable y factible reducir ese gasto en la tarifa eléctrica. Para ello, los especialistas proponen varias líneas a seguir para que el gasto siempre sea acorde al uso que hacen las personas de este vital servicio. La energía es un derecho fundamental del ser humano y el acceso universal a ella es esencial.
Para la Fundación Renovables, llevar a cabo una limpieza profunda de la factura eléctrica es el primer paso hacia el objetivo marcado. ¿Como se consigue esto? Pues bien, se deben reducir los costes regulados que contiene la misma y mejorar la creación del Fondo Nacional para la Seguridad del Sistema Eléctrico en aspectos como la reducción a dos años del periodo transitorio, la necesidad de introducir los gravámenes por unidades físicas transparentes y comprensibles que no oculten la realidad, la consideración de exenciones, pero con carácter transitorio, parcial y degresivo, la acotación de las compensaciones, el mantenimiento de la iniciativa en el tiempo y su uso como instrumento de mejora de la sostenibilidad energética.
Son muchos los puntos que deben ser revisados para llevar a cabo una política eléctrica más equitativa y que favorezca al conjunto de todos los ciudadanos. La revisión de la política fiscal que existe alrededor de este sector debe ser un hecho y la reducción del pago debe ser aprobada, al menos, en aquellos que son sujetos pasivos de IVA.
En definitiva, la reducción de costes en favor a la población se puede llevar a cabo y sin la necesidad de largos procesos normativos y permitiendo tener un precio de la electricidad transparente, eficiente, competitivo, real y sostenible. El consumo eficiente en los hogares debe ser una práctica fundamentada en la conciencia del ser humano pero no algo impositivo que se refleje en el aumento de los precios.