Bélgica recurrirá la sentencia que declara ilegales las medidas contra el Covid
Un tribunal de Bruselas dio ayer al Gobierno 30 días para levantar todas las restricciones
El Gobierno belga recurrirá la sentencia que ayer declaró ilegales las medidas del Ejecutivo para contener la pandemia del coronavirus y le dio un plazo de 30 días para levantarlas, anunció la ministra del Interior,
Annelies Verlinden, ante el Parlamento federal.
La ministra recalcó que varias sentencias judiciales y dictámenes del Consejo de Estado confirmaron previamente la base de las medidas que restringen las libertades públicas para combatir la pandemia.
Un tribunal de primera instancia de Bruselas ordenó ayer al Gobierno federal de Bélgica poner fin a todas las medidas excepcionales adoptadas contra la pandemia del coronavirus en un plazo máximo de 30 días. De esta manera, daba la razón a una demanda de medidas cautelares presentada por la Liga de Derechos Humanos (LDH) hace tres semanas en nombre de todos los belgas. Si el Estado no cumple la decisión, deberá pagar una multa de 5.000 euros al día.
El tribunal consideró que la urgencia invocada por los demandantes quedaba acreditada por el hecho de la prórroga hasta el 1 de abril, mediante orden ministerial de 6 de febrero, de las medidas controvertidas, entre ellas el toque de queda o el cierre de comercios no esenciales, y ello “sin que se produjera una verdadera comunicación al respecto”.
Esas medidas han sido reforzadas y prolongadas recientemente debido al incremento de los contagios en el país.
Los demandantes cuestionaron la responsabilidad del Estado belga por haber cometido una falta al adoptar medidas, por vía reglamentaria, que atentan contra las libertades fundamentales, “haciendo caso omiso de las normas constitucionales y/o legales que le obligan a abstenerse o a actuar de una manera determinada”.
La principal ley en la que se basó el Ministerio del Interior para adoptar las medidas contra el coronavirus es la ley de 15 de mayo de 2007 sobre la sociedad civil, que se refiere a las medidas de evacuación y que fue adoptada tras la catástrofe de Ghislenghien, una zona de la ciudad de Ath donde explotó una tubería de gas el 30 de julio de 2004 que provocó 24 muertos y 132 heridos.
La demanda la presentó la Liga de Derechos Humanos en nombre de todos los belgas