Maeztu aboga por la “economía de cuidados” para salir de la crisis
● El Defensor del Pueblo reclama en su informe de 2020 una mejora en el acceso del ciudadano a la Administración
“La Administración tiene que humanizarse”. Ésa es la encomienda que se destila del informe anual que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, presentó ayer en el Parlamento de Andalucía, una llamada a aprovechar, en la medida de lo posible, la situación provocada por el Covid-19 para “consolidar una economía de cuidados” que desemboque en un “sistema integral de acogida y acompañamiento para los colectivos” que más han sufrido las consecuencias de la pandemia.
Según el jurista gaditano, “falta un verdadero sistema de protección” para esas personas vulnerables. Maeztu aludió directamente a tres colectivos, los mayores, los niños y adolescentes y las personas con problemas de salud mental cuya situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria, económica y social. Para articular ese sistema, el Defensor propone reforzar los sistemas públicos sanitario y de servicios sociales, ya que “la gente se siente segura cuando está en lo público porque es lo que paga en el IRPF”.
“Tenemos que tener una Administración que nos cuide, aunque a unos más que a otros”, dijo en referencia a esos tres colectivos y antes de afear la falta de anticipación en determinados ámbitos, como la gestión de las residencias, la atención primaria sanitaria o la situación de los menores extranjeros no acompañados. “Yo puedo entender un colapso en un primer momento, pero en cada órgano de gestión tiene que haber gente con capacidad” para diseñar los “modelos” de atención a estas personas vulnerables.
Maeztu puso también el foco en uno de los problemas que más se han repetido desde el inicio de la pandemia: “la necesidad de mejora de los servicios de información y atención ciudadana”. Estos colapsos, muy habituales en el ámbito sanitario desde hace meses, “han aumentado la desesperación de la ciudadanía”, algo que se ha dejado notar, según el jurista, en un aumento de las quejas (15% y las consultas (25%) que ha recibido el organismo que dirige entre enero de 2020 y marzo de 2021, que es e período que comprende el documento publicado ayer.
Cuando presentó el informe especial sobre la primera etapa de la pandemia, Maeztu desveló que la entidad que dirige había puesto en marcha un teléfono para atender este aumento de la demanda de información y fue entonces cuando puso el foco sobre el problema de la brecha digital y la posibilidad de que esta realidad provoque un nuevo tipo de exclusión. “Hay una corteza de soledad y una impotencia ante esta desatención”, lamentó el Defensor del Pueblo andaluz antes de hacer una defensa de la “presencialidad en la salud” y advertir que esta desconexión con las Administraciones se traduce en la aparición de bulos como el que provocó que miles de personas mayores acudieran a un centro de vacunación en Sevilla por una cadena de mensajes de Whatsapp que aseguraba que todas las personas mayores de 80 años que quisieran podrían vacunarse.