“La nueva Ley de Infancia será un referente en la protección a menores”
La directora general de Infancia de la Consejería de Igualdad presenta en Cádiz la nueva norma
La directora general de Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonia Rubio, se reunió ayer con entidades y colectivos de Cádiz para darles a conocer los detalles de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia. El texto normativo, que según la Junta “será un referente en la protección a los menores andaluces”, inició el trámite parlamentario el pasado 24 de marzo con el apoyo mayoritario de la Cámara tras el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox.
La nueva norma, destacó Rubio, mejora y amplía la hasta ahora vigente, de 1998, y refleja “el compromiso del gobierno andaluz con toda la infancia y adolescencia en Andalucía y, en especial, con quienes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad” a través de la planificación de políticas públicas orientadas a su desarrollo integral. La inclusión de la perspectiva de infancia en los presupuestos públicos que contempla la ley es a su vez una medida pionera y demandada por las entidades del sector.
Rubio subrayó que hasta una veintena de entidades y organismos, junto a profesionales de los equipos de tratamiento familiar, de los servicios de protección y prevención, han participado ya en la fase de redacción del nuevo texto legal, “lo que confirma la apuesta de esta Consejería por el diálogo como forma de gobernanza”. “Las entidades son las que mejor conocen la realidad de la infancia andaluza y sin las que hubiera sido imposible haber llevado a cabo este proyecto”, ha subrayado para agradecer su implicación.
La norma recoge las nuevas necesidades surgidas en los últimos 23 años y asume los nuevos escenarios legislativos y tratados internacionales suscritos por España en materia de atención a la infancia, como el uso responsable de las nuevas tecnologías, con especial atención a internet y las redes sociales, o el riesgo de adicciones.
Asimismo, apuesta de forma decidida por fomentar el acogimiento familiar, mientras que el acogimiento residencial solo se acordará cuando no exista la posibilidad de una medida de protección de carácter familiar, y nunca para menores de 13 años. La misma edad mínima que se fija para determinar la entrada en los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.
En el caso de Cádiz, en estos momentos hay 276 menores y adolescentes en los centros de acogimiento tanto de titularidad pública como colaboradores. El objetivo es que todos ellos puedan pasar a un entorno familiar, dado que la norma “fortalece el reconocimiento a las familias como institución fundamental para el desarrollo de la persona”, señaló Rubio.