El Colegio de Abogados respalda a Ramón Dávila en su denuncia contra el juez Derqui
El Colegio de Abogados de Cádiz respalda al letrado Ramón Dávila en su denuncia contra el magistrado Francisco de Borja Derqui-Togores de Benito, titular del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, al que Dávila acusa de maltrato por sus “formas totalmente improcedentes, agresivas e irrespetuosas” durante la celebración de un juicio el pasado 27 de enero; una vista oral en la que, además, el letrado gaditano sufrió un desvanecimiento por el que tuvo que ser atendido durante dos horas por los servicios de urgencia del SAS mientras que el juez Derqui, según explica el abogado en el escrito que presentó ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, no prestó ningún interés por su estado de salud.
La institución colegial gaditana, presidida por Pascual Valiente, considera que el trato que el juez Derqui ofreció Dávila “no guarda la consideración debida a la función del abogado, tanto por el contenido como por las formas empleadas”.
Asimismo, el Colegio de Abogados
señala que “los abogados tiene derecho a la preservación de su salud, sin menoscabo de las posibilidades derivadas del desempeño del derecho de defensa, mediante la suspensión de las actuaciones judiciales, que deberá ser acordada incluso de oficio por el propio órgano judicial como garantía esencial de la salvaguarda de la tutela judicial efectiva”.
A raíz de la denuncia de Ramón Dávila, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz ha acordado dos medidas. Por un lado, conceder amparo colegial al letrado, “poniéndose a su disposición para salvaguardar el derecho de defensa, la independencia, la libertad, la dignidad y la integridad como valores superiores del ejercicio de la Abogacía”. Es más, el colegio, ha dado traslado de este acuerdo al Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz.
Por otro lado, el colegio intervendrá ante ese juzgado o, si fuese necesario, ante organismos superiores “para reconducir las relaciones del tribunal con los abogados para que, desde la buena fe, la lealtad y el respeto recíproco, se puedan cumplir los fines de la Administración de Justicia”.