Los vecinos declaran ante el juez por las atracciones de Valdelagrana
La comunidad Blegamar ratifica su denuncia contra el alcalde por prevaricación y llegará “hasta el final” para pedir responsabilidades
La demanda por la instalación irregular de las atracciones de feria el pasado verano en Valdelagrana sigue viva. La comunidad de propietarios Blegamar, que agrupa a un total de 520 viviendas, acudió a los tribunales el pasado 7 de agosto para presentar una demanda contra el alcalde, Germán Beardo, y varios miembros de su equipo de gobierno por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y delito medioambiental, a raíz de la instalación en el mes de julio de varias atracciones de feria en una de las bolsas de aparcamiento de la urbanización.
Tras la presentación de la denuncia por la vía penal el Juzgado de Instrucción número 5 de los de El Puerto ha puesto en marcha las diligencias previas, de manera que la pasada semana fue escuchado en declaración como perjudicado el presidente de la intercomunidad de propietarios de Blegamar, Oscar García de Blas.
El presidente de la intercomunidad declaró, por exhorto, en los juzgados de Talavera de la Reina, donde reside actualmente, y fue interrogado por el juez por videoconferencia para ratificar la denuncia.
Entre otras cosas el titular del
Juzgado número 5 le preguntó por las características de la zona en la que se instalaron las atracciones, los horarios de funcionamiento de las mismas y el nivel de ruidos que soportaron los vecinos en esas fechas. También se interesó por las medidas de seguridad con respecto a la pandemia del coronavirus y otros detalles como la obtención de suministro eléctrico o de agua para las atracciones.
El presidente de la intercomunidad, en declaraciones a Diario de Cádiz, ha explicado que los vecinos se unieron ante lo que consideraron un atropello por parte del Ayuntamiento y anuncia que están dispuestos a seguir hasta el final para que se depuren responsabilidades. “Vamos a llegar hasta el Supremo o hasta donde haga falta”, afirma, ya que quieren evitar a toda costa que algo similar pueda volver a ocurrir en el futuro.
Por otro lado, el presidente de Blegamar insiste en la necesidad de que se planten árboles en la bolsa de aparcamiento donde se instaló la feria, ya que es de las pocas zonas de estacionamiento de Valdelagrana donde no se ha puesto arbolado. También recuerda que se trata de una zona verde destinada a párking público.
En las próximas fechas deberán declarar ante el Juzgado tanto el alcalde como los concejales contra
quienes también se dirige la denuncia: el segundo teniente de alcalde y entonces delegado del Área económica, Patrimonio, Gobierno y Organización Municipal, Francisco Javier Bello González; la tercera teniente de alcalde y concejala del Área de Ordenación y Planificación Urbana, Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Danuxia Enciso Fernández; la quinta teniente de alcalde y concejala del área de Presidencia y Seguridad, así como responsable de la Policía Local, Marina Peris Sayabera; el séptimo teniente de alcalde, concejal delegado de Patrimonio
Histórico, Fiestas y Comercio, David Calleja García Ruiz; y el jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz.
La instalación de las atracciones en la citada bolsa de aparcamiento comenzó a principios de julio, siendo el día 13 cuando empezaron a funcionar. Ya antes, el 6 de julio, se produjo la primera queja formal de una comunidad de vecinos, a la que siguieron varias más en los días sucesivos.
Aunque en un principio también la comunidad de Vigalpe se
La intercomunidad de propietarios de Blegamar agrupa a un total de 120 vecinos
sumó a las quejas, llegando a enviar un burofax al alcalde, finalmente declinó seguir la vía judicial que sí ha tomado Blegamar.
El 23 de julio la comunidad solicitó al Juzgado medidas cautelarísimas y tan solo un día después a las once de la noche se precintaron las instalaciones.
En la denuncia presentada en agosto ante el Juzgado se señalaba que “los máximos responsables del Ayuntamiento , en connivencia con determinados responsables y empleados públicos, han contribuido activamente a la instalación de las atracciones con absoluto desprecio a los derechos fundamentales de los vecinos y a la legalidad establecida”.