Las comunidades presionan al Gobierno para que prorrogue el estado de alarma
Optimismo en Moncloa
Darias mantiene que los “mecanismos habituales” serán suficientes para controlar la pandemia desde el 9 de mayo La oposición lamenta la falta de alternativas y el desamparo jurídico
El Gobierno mantiene que del 9 de mayo en adelante bastarán los “mecanismos habituales” para controlar la pandemia, algo de lo que dudan muchas comunidades y la oposición, que lamentan la falta de alternativas y el desamparo en el que quedarán sin el paraguas del estado de alarma.
“La declaración del estado de alarma ha funcionado. A partir del 9 de mayo mantendremos la vigencia de todas nuestras herramientas con los mecanismos habituales que nos ofrece la Constitución”, defendió ayer en su comparecencia en el Congreso la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Se trata de la última de las comparecencias mensuales a las que le obligaba el decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre y en la que insistió en que no
Euskadi presenta la peor evolución, con una incidencia acumulada de 485 casos
será necesario prorrogar, porque “ya podemos compartir con claridad el horizonte, un horizonte de esperanza que permitiría entrar en la senda de la normalidad”.
Y es que “el fin del estado de alarma va a suponer que las condiciones que justificaron su aprobación se han modificado sustancialmente”, argumentó.
La incidencia acumulada ayer por cada 100.000 habitantes a 14 días se redujo levemente hasta los 230 casos, y la presión hospitalaria descendió al 7,7%, si bien la ocupación de las UCI subió medio punto, hasta el 23,4%.
A pesar de que la cuarta ola está estabilizada, Darias no convenció a ningún grupo de la oposición, de forma que la portavoz del PP, Ana Pastor, le recriminó que, ante una situación epidemiológica “aún preocupante”, el Ejecutivo no haya ofrecido ninguna alternativa y siga sin apoyar que sea la legislación ordinaria la que baste “para tomar decisiones sin tener que estar permanentemente en estado de alarma”.
Desde ERC, Joan Margall reconoció que en su grupo “no son grandes defensores del estado de
alarma”, pero sí recalcó que hay cuestiones “de enorme relevancia” que hay que resolver antes del 9 de mayo, como qué va a ocurrir con las contrataciones a personal sanitario que amparaba el real decreto.
En este sentido, la ministra dijo que no se preocupe, porque se está trabajando en esas cuestiones.
Mientras, el PDeCAT insistió en que el Ejecutivo debe clarificar cuánto antes la alternativa al estado de alarma, porque, de lo
contrario, generará desconcierto en las comunidades y también en los ayuntamientos.
Por su parte, a juicio del diputado de Vox Juan Luis Steegmann, el estado de alarma ha servido para “prohibir la libre circulación y la libre expresión de las ideas en las calles” y ha abogado por “la libertad para circular por toda España”.
Pero el más incisivo fue Joseba Andoni Agirretxea, que le recriminó que desde su partido, el PNV, fueran “leales” con el Gobierno y
ahora, cuando le han pedido prolongar el estado de alarma “por motivos estrictamente sanitarios, hayan hecho oídos sordos”
“Ha dado un mensaje como si esto hubiera ya acabado, un mensaje optimista ante una realidad que no es la que usted ha dado”, le afeó el diputado, quien desde el “enfado y la desilusión”, lamentó que el Ejecutivo deje a las comunidades “al albur de las decisiones de los jueces de turno”.
No en vano, Euskadi es la comunidad que presenta la peor evolución de la transmisión del Covid, con una incidencia acumulada de 485 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
Por ello, y tal y como le pidió por carta la pasada semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lehendakari, Iñigo Urkullu, insistió ayer una vez más en pedir la prórroga aunque sea con una duración tasada, posibilidad que respaldó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien rechazó que desde el Ejecutivo “se pase otra vez la pelota” a las autonomías.
Urkullu estimó que la prorroga podría perdurar durante uno o dos meses “hasta tener una situación epidemiológica con una tasa de incidencia por debajo de los 200 casos primero hasta alcanzar el objetivo de los 60 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
Una propuesta que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, consideró “absolutamente razonable y sensata, porque no se puede dejar a comunidades autónomas con más de 400 casos por cada cien mil habitantes sin red”.