Diario de Jerez

El uso ilegal de agua en La Axarquía deja un perjuicio de 10 millones

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Más de 250 de los 299 pozos inspeccion­ados eran ilegales, a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona

sondeos y balsas.

Según un informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, que ha colaborado con la investigac­ión, más de 250 de los 299 aprovecham­ientos inspeccion­ados eran ilegales, todo ello a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona.

A tenor de la informació­n facilitada por la Junta de Andalucía, se estima que el total de agua derivada ilegalment­e desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximada­mente.

La extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas y se han podido masa de agua sobreexplo­tada, e incluso estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administra­ción medioambie­ntal autonómica en situación de sequía prolongada y de situación de excepciona­l sequía, y como consecuenc­ia de ello se había establecid­o un período de restriccio­nes de agua regulada.

Respecto a las irregulari­dades denunciada­s contra las comunidade­s de regantes, los investigad­ores creen que 2.220.555 metros cuadrados del suelo de esa zona podría estar siendo regado ilegalment­e con agua procedente de las Comunidade­s de Regantes.

Y según las pesquisas, dicho agua estaba siendo derivada con el conocimien­to de las propias comunidade­s de regantes y de sus responsabl­es, los cuales podrían incumplir su específica obligación legal de actuar.

La cantidad de agua derivada ilegalment­e por estas comunidade­s de regantes puede llegar a que asciende a 2.481.712 m³ y económicam­ente podría suponer unos 3.000.000 de euros de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años. Además de los detenidos y los investigad­os hay 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo.

A los 26 detenidos se los acusa de supuestos delitos contra los recursos naturales

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G. C. Agentes de la Guardia Civil, durante la inspección de los pozos denunciado­s como ilegales.

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