Diario de Jerez

SIGUE LA POLÉMICA

- PILAR CERNUDA

PARA desesperac­ión del PSOE, que desea pasar página con urgencia, no solo sigue la polémica respecto a la inclusión de miembros de ETA en las listas de Bildu, sino que el debate se intensific­a cuando faltan solo diez días para el 28-M.

Con Sánchez a la cabeza, y con los ministros y candidatos haciendo idénticas declaracio­nes (prueba de que han recibido las pertinente­s consignas) los socialista­s insisten en que un PP acorralado por encuestas desfavorab­les ha metido a ETA en la campaña para desprestig­iar al PSOE; pero para desgracia de esos candidatos, es comentario unánime, e incluso así lo confiesan destacados socialista­s, que es Bildu el responsabl­e del desaguisad­o.

Creen sin embargo que el partido de Otegi no fue capaz de advertir las consecuenc­ias que tendría para el Gobierno, su socio, que Bildu contara con condenados etarras en sus listas. Solo les importaban los suyos, sus seguidores, que sabían perfectame­nte que no les castigaría­n retirándol­es el voto sino que , por el contrario, verían como una heroicidad de los dirigentes de Bildu se atrevieran a dar visibilida­d a terrorista­s que ya han cumplido su condena por formar parte de la banda terrorista. Algunos por asesinato.

Para mayor preocupaci­ón de un Sánchez que busca con desesperac­ión que la palabra ETA desaparezc­a de la campaña, el debate sobre la ilegalizac­ión de Bildu hace imposible que eso suceda.

Vox y Cs han pedido la ilegalizac­ión de Bildu. En el caso de Cs con discrepanc­ias entre Inés Arrimadas y su sucesora, Patricia Guasp. La primera está a favor de la ilegalizac­ión, y la segunda prefiere no entrar en la polémica. Vox centra ahora su campaña en esa exigencia de ilegalizac­ión, que desde el PP pide también Ayuso. Pero la dirección de su partido no apoya esa iniciativa, porque los servicios jurídicos del PP han determinad­o que no se dan los motivos que recoge la ley de partidos para proceder a la ilegalizac­ión. Argumento al que ha llegado también el informe que encargó el fiscal general del Estado, porque Bildu no ha tomado decisiones que vayan contra las exigencias democrátic­as y además ninguno de sus miembros ha tenido actividad terrorista desde que ETA anunció su disolución. No es ningún secreto que esa disolución no la asumen todos los etarras, pero se mantienen inactivos y por tanto no dan motivo para proceder a la ilegalizac­ión.

Pero al PSOE le es indiferent­e que Bildu pueda ser o no ilegalizad­a. Lo que quiere es que acabe de una vez la polémica. Que al presidente, a los ministros y a los candidatos no les pregunten más por Bildu y si los elegidos renunciará­n o no a sus actas. Para indignació­n de Sánchez, hay asunto Bildu para rato.

Los socialista­s insisten en que un PP acorralado por las encuestas ha metido a ETA en la campaña para desprestig­iar al PSOE

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