NAVARRA CREA UN MODELO DE ATENCIÓN PARA “RESITUAR CON SUS DERECHOS” A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
● Ana Ollo destaca entre las fortalezas de la Comunidad Foral los recursos garantizados ● En 2017 3.136 mujeres recibieron Renta Garantizada, el SAM atendió a 663 víctimas y 249 fueron acogidas
PAMPLONA – El Gobierno de Navarra trabaja desde el Instituto de Igualdad (INAI) en un nuevo modelo de atención a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, “un modelo que sea más eficaz, tenga mayor enfoque de género; favorezca la autonomía de las mujeres supervivientes y permita resituarlas en la sociedad con todos sus derechos”. Así lo anunciaron ayer la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y la directora del INAI, Mertxe Leranoz, en la presentación de la primera evaluación que se ha realizado de los recursos de atención a la violencia contra las mujeres en Navarra.
Esta evaluación, que analiza la efectividad de las actuales ayudas económicas, los recursos asistenciales y la atención jurídica, aporta propuestas a corto, medio y largo plazo que mejorarán la atención ante esta lacra social que la Comunidad Foral combate con todos sus medios y recursos al alcance. Unos recursos que el año pasado propiciaron a 3.136 mujeres víctimas de violencia percibir Renta Garantizada (720 recibieron la anterior Renta de Inclusión Social entre 2012-17); posibilitaron a más de 44 mujeres, ayudas a la empleabilidad y a una mujer que accediera a una ayuda de emergencia social. Además de las ayudas económicas, en el ámbito de los recursos de acogida, el año pasado fueron atendidas 115 mujeres con 134 menores; en cuanto al ámbito de la atención jurídica, los abogados del SAM realizaron 682 asesoramientos y 663 asistencias, precisó Leranoz.
Esta primera evaluación, cualitativa y cuantitativa, de los recursos que dispone Navarra para hacer frente a este tipo de violencia ha contado con la participación de 143 personas (124 mujeres y 19 hombres) que gestionan dichos recursos así como de mujeres supervivientes a las que se destinan los recursos, entidades, grupos de mujeres y colectivos feministas, además de otras personas que participan en el sistema de atención y prevención contra la violencia hacia las mujeres. Entre las técnicas de evaluación se han utilizado entrevistas individuales y grupales, estudios de casos de supervivientes y grupos focales.
Esta evaluación, destacó la consejera Ana Ollo, es la primera que se acomete con unos recursos que en algunos casos llevan más de 20 años instalados en Navarra y requieren una revisión. La evaluación se ha realizado con el objetivo de analizar y valorar los recursos en funcionamiento, así como identificar posibles mejoras a fin de responder a las necesidades de mujeres en situación de violencia.
UN SISTEMA CON FORTALEZAS La consejera Ana Ollo destacó que la evaluación “es un ejercicio de responsabilidad y transparencia” ante “una violación de los derechos humanos que afecta a derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud, vulnerando además el principio básico de igualdad entre mujeres y hombres”.
Añadió que el actual modelo de atención y recursos vigentes en Navarra dispone de “fortalezas”, entre las que citó una ley específica con un plan de acción que la desarrolla, una actuación interinstitucional, recursos garantizados que no requieren denuncia previa, una atención accesible y una política integral con equipos multidisciplinares. Pero, advirtió, muchos recursos tienen ya 20 años y se deben reorientar para hacerlos “más amables” y que sitúen a la mujer en una situación “más normalizada”. La evaluación de los recursos disponibles en este ámbito, en una primera fase ya realizada, ha analizado las ayudas económicas, los recursos de acogida y la asistencia jurídica.
“Hay que revisar el modelo para incidir de una forma más efectiva en la atención, reparación y recuperación del daño”, insistió Ollo, quien precisó que Navarra dispone de servicios y recursos pero hay que “mejorar”, dotar al sistema de un enfoque de género y favorecer “la autonomía de las mujeres supervivientes, resituarlas en la sociedad con todos sus derechos”. En concreto, se han evaluado las ayudas económicas que se otorgan a las mujeres víctimas, los recursos de acogida que integran al centro de urgencias, la casa de acogida y los pisos residencia y la asistencia letrada del Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM). Tras el análisis, se plantean medidas a corto, medio y largo plazo. ●