Los Caídos: honor de las víctimas
El argumento de defensa del honor de las víctimas de la limpieza política de 1936-1937 es el punto de partida esencial e irrenunciable del Ateneo Basilio Lacort en relación con el Monumento a los Caídos. El Monumento a los Caídos se construyó con un propósito de exaltación perenne de los combatientes del bando franquista y de los generales Sanjurjo y Mola, este último autor de salvajes alegatos en pro del exterminio del adversario ideológico. Esa finalidad enaltecedora ha continuado a lo largo de las décadas con la gestión del mismo a cargo de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, una asociación que nació en 1939 para defender el mantenimiento de los principios de la Cruzada. El Monumento a los Caídos cumple paralelamente con una función de memoria borradora y negadora en relación con las víctimas en la retaguardia navarra. El edificio y sus gestores han trabajado por una dinámica del olvido que desemboca en una falsa memoria, instrumentalizando la memoria de la comunidad por medio de la consideración exclusiva de unos hechos y de unos muertos, y por medio del silenciamiento, marginación y exclusión de otros. Los defensores del mantenimiento del mismo nunca han hecho autocrítica en relación con los tres millares de asesinados por el bando golpista. El Monumento a los Caídos es el más ofensivo de los existentes a la memoria histórica de las víctimas de la guerra. Es la exaltación por antonomasia del golpismo y una obscena justificación de la barbarie.
Las actuaciones en relación con el Monumento a los Caídos están condicionadas porque el marco legal no ordena nada en relación con el mismo. Ni la Ley de Símbolos de Navarra de 2003 ni la Ley Estatal de Memoria Histórica de 2007 ni la Ley Foral de 2013 de Memoria Histórica, recientemente modificada, son de aplicación a dicho monumento a pesar de su significado ultrajante para las víctimas de 1936-1937 y sus familiares, y a pesar de que en las dos últimas normas el respeto a las memoria de las víctimas ocupa un lugar central.
El silencio del marco legal respecto del Monumento a los Caídos ha posibilitado la resolución del TAN del 2008 y la reciente sentencia sobre la exhumación de Sanjurjo. Hay que recordar que en el caso de que el recurso del Ayuntamiento de Pamplona no prospere en relación con esa última sentencia, la familia Sanjurjo podría traer de nuevo sus restos a Pamplona. Para que las actuaciones en relación con el Monumento a los Caídos sean respetuosas con el honor de las víctimas el marco legal debe ser modificado por el Parlamento de Navarra. Aunque desconocemos por el momento su alcance real, en otros lugares sí se han aprobado iniciativas parlamentarias sobre objetos no análogos, pero con alguna similitud. Las modificaciones a realizar deberían salvar los obstáculos que hasta el momento han impedido actuaciones que salvaguarden el honor de las víctimas.
Hay ejemplos de que las asambleas legislativas autonómicas pueden legislar con contundencia al respecto, siempre y cuando no se dejen acomplejar por el discurso de la derecha profranquista y por el respeto hacia quienes quebrantaron la legalidad republicana, iniciando, como en el caso de Navarra, una limpieza política unidireccional e inmisericorde. Las modificaciones pertinentes del marco legal para que desaparezca el carácter ultrajante para las víctimas y sus familiares del Monumento a los Caídos deben partir de un relato integral de lo sucedido en 1936-1937. Se debe hablar de las víctimas, de la dimensión de lo sucedido y de sus características formales, pero también de victimarios y de la gestión de la memoria por parte de los vencedores a través del mismo Monumento a los Caídos y de actores como la Hermandad de Voluntarios de cara a ponderar adecuadamente el significado real del mismo y de los actos que se han celebrado en él, y se celebran aún hoy en día, de marcado carácter ofensivo para los familiares de los asesinados.
La necesidad de ese relato integral es imperativa porque las instituciones navarras han renunciado al mismo, tanto a la hora de legislar por parte del Parlamento de Navarra como a la hora de gestionar la memoria histórica por parte del Ayuntamiento de Pamplona. Baste señalar que en el relato subyacente de la denominada querella argentina, mientras la cuestión de fondo se refería en su mayor parte a asesinados en Pamplona en 1936-1937, la querella se limitó a apuntar a unos agentes responsables de fuera de Navarra de los años setenta.
Tampoco los sectores políticos contrarios al mantenimiento del Monumento en sus condiciones actuales han fomentado propuestas de modificación del marco legal acerca de la cuestión.
En ausencia de un relato integral es imposible cualquier solución resignificadora, porque previamente a cualquier resignificación hay que significar adecuadamente en consonancia con lo realmente sucedido y con todos los elementos intervinientes.
La necesidad de que el Parlamento de Navarra aborde la cuestión de introducir modificaciones legales que salvaguarden el respeto al honor de las víctimas en el caso del Monumento a los Caídos es imperativo desde otro punto de vista. Aunque el Ayuntamiento de Pamplona ha asumido la responsabilidad de gestionar las cuestiones derivadas de este asunto, la cuestión afecta a toda Navarra, y no sólo a la capital. Estamos ante la mayor construcción arquitectónica de Navarra –la segunda del Estado tras el Valle de los Caídos– que glorifica el golpismo y la barbarie; no en vano, responde a los deseos de unos militares golpistas como Sanjurjo, Mola y Franco.
Ante la situación provocada por un marco legal que no aborda el carácter traumático para las víctimas del Monumento a los Caídos, y por la actitud de las instituciones políticas del cambio que no han abordado la cuestión en todas sus dimensiones, es necesario que los grupos políticos implanten una moratoria en el proceso emprendido por el Ayuntamiento de Pamplona y fomenten un debate político del que debería surgir un relato integral de lo sucedido y, a posteriori, elaborar las pertinentes modificaciones legales en las distintas resoluciones y leyes existentes, y basadas siempre en el respeto y salvaguarda de la dignidad de las víctimas. ●