Un poco de luz
La ministra Ribera anuncia la anulación del impuesto de generación para frenar la escalada del precio de la electricidad. Urge una revisión integral del sistema para fomentar la competencia y las energías renovables
El Gobierno del PSOE anunció ayer la anulación del impuesto de generación eléctrica instaurado por el PP, ese 7% que las compañías repercuten en el precio final de la factura, al objeto de abaratar la luz. Se trata de una medida loable en tanto que urgente para frenar la salvaje escalada del recibo, hasta el extremo de que justo ayer el megavatio-hora alcanzó su techo del ejercicio en curso con un precio de 75,93 euros, casi 17 veces superior a los 4,50 euros del 30 de marzo, que registró el mínimo anual. Esta progresión sin freno obedece a una combinación explosiva de factores externos como el encarecimiento de las materias primas y el alza de los derechos de emisiones de CO2 –estos últimos con una cotización de 20,5 euros por tonelada, el triple que hace un año– con la mayor participación en el mix energético de las fuentes sucias, más gravosas, en menoscabo de las renovables, más baratas. Precisamente en la corrección de ese desequilibrio reside una de las claves para la imprescindible estabilización del mercado de la electricidad, ya que instalando más energías termosolar y fotovoltaica se cubriría por ejemplo el déficit de eólica durante el verano. La revisión a fondo del sistema a la que ayer apeló la ministra Ribera debería sustentarse, además de en el fomento decidido de las renovables mediante medidas de choque, en el estímulo de la competencia en este segmento desterrando ciertas prácticas oligopolísticas y en la reducción de la dependencia energética, que supera el 80%. Además, resulta perentorio redimensionar los costes fijos de la factura, en tanto que el término de consumo representa apenas un tercio del recibo y el Gobierno puede incidir de manera directa o indirecta en las otras dos terceras partes, básicamente impuestos, tarifa de acceso y margen de comercialización. Obviamente, atajar las taras y abusos del sistema eléctrico español constituye una tarea compleja que solo puede abordarse mediante una determinación política hasta ahora ignota. La misma voluntad que ha faltado para combatir con la debida vehemencia la pobreza energética que en alguna medida afecta a casi 7 millones de ciudadanos, un drama que el Ejecutivo de Sánchez también pretende siquiera minimizar facilitando el acceso a la rebaja que procura el bono social a través de nuevos límites de ingresos familiares y mediante una estrategia nacional que ya llega tarde. Huelga decir que la política debe aportar lo mejor de sí misma para que la luz no siga por las nubes. ●