Un chat muy comprometido

El intercambio de opiniones entre un grupo de jueces, alguno de ellos luego vinculado a los procesos judiciales contra políticos catalanistas, vuelve a poner en duda la imparcialidad e independencia en ámbitos de los altos tribunales

Seguramente, la publicación de las opiniones de un grupo de jueces en un chat corporativo en la que expresan duros juicios, descalificaciones e incluso comparaciones políticas inadmisibles sobre la situación de Catalunya el pasado otoño y sobre algunos de los principales dirigentes catalanistas no tendrá recorrido judicial ni sancionador. Se pueden tomar con la cautela que deriva de un foro privado de intercambio de mensajes entre colegas de profesión, pero eso no significa ni evita que esas opiniones están expresadas en toda su crudeza y con nombres y apellidos de magistrados destinados a impartir justicia, no su justicia. Esas palabras ponen en cuestión la capacidad de imparcialidad e independencia de quienes las expresan, más aún si alguno de ellos ha tenido luego sobre su juzgado hechos vinculados a esas opiniones. Evidentemente, un grupo de poco más de una docena de jueces no puede implicar al conjunto de la judicatura española, pero también es cierto que buena parte de las opiniones ahí manifestadas –de más peso político que judicial–, han formado luego parte del corpus jurídico que ha ido persiguiendo a los principales implicados en la apuesta soberanista de Catalunya, lo que ya pone en duda su derecho a una instrucción justa y más aún a un posterior juicio justo. Y por ello quizá lo más relevante del contenido de ese chat sea precisamente la confirmación de que en determinados ámbitos de la judicatura española impera un compromiso político e ideológico previo que sitúa determinadas actuaciones de magistrados concretos por encima de los valores que se exigen a una justicia democrática. Sólo falta repasar los autos y la instrucción del juez Llanera en relación con los políticos catalanes, vapuleados ya por la justicia europea en Bruselas, Alemania, Escocia o Suiza, o la instrucción de la jueza Lamela en el caso Alsasua. Y no olvidar que uno y otra han llegado a las más altas instancias de los tribunales de justicia por vías que han sido denunciadas desde dentro de la propia magistratura como irregulares. Si es injusto poner en tela de juicio el conjunto de la administración de justicia española y el propio Estado de Derecho, es también inútil seguir tratando de ocultar que en las altas instancias del poder judicial impera una ley no legal en la que el amiguismo político, el nepotismo familiar y el enchufismo corporativo se imponen sobre los criterios de calidad, profesionalidad y cualificación que debieran imperar en un ámbito que es un poder y pilar clave para evaluar la calidad democrática de un Estado. ●