La PAH convoca una movilización mañana frente al Palacio de Justicia
UGT y CCOO consideran “indignante” e “incomprensible” la decisión del Supremo y apoyan la convocatoria
PAMPLONA – La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado una movilización en Pamplona, mañana sábado, a las 12 horas, frente al Palacio de Justicia para protestar contra las decisiones del Supremo que exoneran a la banca del pago del impuesto de las hipotecas. Numerosos colectivos y organismos se han adherido a la concentración.
UGT calificó como “indignante” la sentencia del Tribunal Supremo que establece que es el cliente y no el banco el que debe pagar el impuesto de las hipotecas y manifestó su apoyo a la movilización. El sindicato hizo un llamamiento a la ciudadanía y “en especial a los trabajadores a participar activamente en esta protesta”.
UGT afirma en una nota que la sentencia del Tribunal Supremo “va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, además de poner en cuestión la independencia del poder judicial con la rectificación a su primera sentencia”.
En opinión del sindicato, “el poder judicial ha protagonizado un espectáculo bochornoso, que contribuye a aumentar el desprestigio de la justicia en nuestro país, con un fallo que pone en cuestión la calidad de nuestra democracia, al deteriorar dos de sus pilares: la independencia del poder judicial y el principio de igualdad ante la ley”.
Por su parte, CCOO ha considerado “incomprensible” la decisión del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas y ha afirmado que “genera alarma social”.
El sindicato ha pedido que “se apruebe sin demora una Ley Hipotecaria garantista y que regule todos los extremos vinculados a la concesión de hipotecas”. Además, muestra su apoyo a la concentración convocada para este sábado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Para CCOO, “el cambio de criterio y la forma en la que se ha producido (con una revocación en pleno de la sentencia que había adoptado la sala especializada del Tribunal Supremo), provocan una innegable alarma social e instalan una duda sobre la independencia judicial, que un estado de derecho no se puede permitir”.
En opinión del sindicato, “es prioritario actualizar las normas que protejan los derechos de las personas consumidoras y usuarias para dotar de seguridad jurídica al sector y garantizar la protección de los derechos de los clientes y clientas, en una actividad con una evidente asimetría en la información”.