El real decreto no descarta que quien pagó el impuesto hipotecario pueda reclamar
Asociaciones de usuarios financieros apuntan que serán los tribunales de lo Civil los que decidan sobre la retroactividad
MADRID – El real decreto aprobado esta semana por el Gobierno para que sea la banca la que pague el impuesto de las hipotecas no cierra del todo la controversia, porque no elimina la posibilidad de que reclamen quienes lo han abonado hasta ahora.
Después de que el Tribunal Supremo decidiera el pasado 18 de octubre atribuir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados a los bancos, para luego poner en suspenso ese dictamen y concluir finalmente que corresponde al cliente, el Gobierno aprobó ayer un real decreto para que “nunca más” lo paguen los particulares, tal y como explicó el presidente, Pedro Sánchez.
Pero la norma no tiene carácter retroactivo, como sí hubiera podido tenerla una sentencia del Supremo favorable a los hipotecados, de modo que los bancos tendrán que asumirlo a partir de ahora, pero las haciendas autonómicas –ya que se trata de un gravamen transferido–, no tendrán que reembolsarlo. Es decir, que en los préstamos con garantía hipotecaria que se firmen a partir de ahora serán los bancos los que deban asumir la tasa, pero en las ya suscritas, unos 8 millones, no tiene aplicación.
Sin embargo, asociaciones de consumidores y despachos de abogados que se han apresurado a celebrar la noticia, apuntan también a la posibilidad de reclamar para los que firmaron sus hipotecas antes del decreto. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, asegura que la asociación “seguirá batallando” para que los tribunales dejen de hacer política económica y se centren en aplicar el Derecho. Por eso, serán los tribunales de lo Civil los que, “en definitiva, decidan sobre la retroactividad; Europa ya nos ha dicho en reiteradas ocasiones que la nulidad por abusiva de una cláusula no se puede modular”, por lo que pedirán a los jueces que planteen la cuestión prejudicial a Europa, para que zanje el debate y los afectados puedan recuperar su dinero.
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que recuerda que la decisión del Gobierno no afecta a las demandas colectivas ya planteadas, que seguirán su curso; la “batalla judicial” sigue en pie, y “todo apunta a que acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.