La cripta y sus secretos

Hay dos maneras de situarse ante un Estado de excepción encubierto que ha judicializado la vida pública y política hasta la paranoia. Dos opciones para enfrentarse a este nuevo estado punitivo que contempla a la ciudadanía como una mancha oscura de la que sospechar de manera permanente. Una es la de asustarse y denunciarlo exigiendo la vuelta a la imposible normalidad. La otra es aprovechar su imposición para vivir de otra manera, para hacer de cada acto privado una batalla pública, un gesto de resistencia. La primera opción está cargada de miedo y de angustia. La segunda es una apuesta por la libertad donde nuestro cuerpo se puede convertir en un certero proyectil. Clemente Bernal y Carolina Martínez son dos artivistas que han optado por lo segundo.

Ellos son dos cineastas ligados profesional y sentimentalmente a la recuperación de la memoria histórica y también editores de Alkibla. Dos artistas incómodos sí, que no participan precisamente de la experimentación en nombre del placer, la amabilidad o los propósitos artísticos equidistantes y descontextualizados a lo Duchamp. Una de sus últimas producciones ha sido la realización del documental A sus muertos, que versa sobre el llamado Monumento a los Caídos de Pamplona presentado en las Jornadas organizadas por ZER en 2017 ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos? Y es precisamente a propósito de este documental por lo que los próximos días 14 y 15 de noviembre serán juzgados en Pamplona por un supuesto delito de “revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal”. Quien les acusa de revelar secretos, que son de dominio público, es la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, una asociación de excombatientes requetés fundada en 1939 por Monseñor Marcelino Olaechea Loizaga. Esta Hermandad canónica, según se recoge en sus actas fundacionales: “tiene una Fundación Perpetua de Misas en el Monumento a los Caídos, según Decreto eclesiástico del 18-I-1957. Su primera Misa –en la basílica de la Santa Cruz de la parte superior sobre la cripta– y el Vía Crucis, ambos con permiso verbal del Obispo se celebraron el 14-XII1958”. Desde entonces y hasta hoy todos los meses se sufraga esa misa a los muertos por Dios y por España, y a sus miembros fallecidos. Y es precisamente por querer filmar una de estas misas negras que se celebran en la cripta del Monumento, donde hasta hace poco estuvieron enterrados los restos de los líderes fascistas del golpe de estado franquista Mola y Sanjurjo, por lo que estos cineastas están citados a declarar en Pamplona. Se les pide una pena de dos años y seis meses para cada uno de ellos y una multa de 24.000 €. Esto ocurre en este reino de España en bancarrota ética y moral que alardea de una democracia saneada mientras los tribunales europeos cuestionan la imparcialidad de sus órganos de justicia al más alto nivel. Ayer mismo, el Tribunal de Estrasburgo sonrojó a la Justicia española al reconocer que Otegi, líder abertzale, fue condenado por terrorismo en un juicio que no fue justo. Y es precisamente una organización de notable credibilidad como Freemuse, con sede en Dinamarca y encargada de vigilar el estado de la libertad de expresión artística, quien en su informe anual señala a España como uno de los países donde la represión sobre los creadores más ha aumentado. Y aquí entra en juego la denominada Ley Mordaza, pero también una desinhibición ideológica y democrática que ha convertido cada gesto, cada acto, palabra, grito o mirada en un hecho punitivo digno de sanción y represión. Freemuse dice que España lidera el ranking de artistas encarcelados en 2017, con un total de 13, por delante de China, Irán, Egipto y Turquía, y es el tercero en creadores enjuiciados, solo por detrás de Egipto y Etiopía. Ahí es nada. Asimismo ese informe nos advierte de la perversa utilización que se está haciendo de “las leyes antiterroristas como mecanismo para amordazar a los artistas, circunstancia que ha debilitado significativamente la libertad de expresión en el país”. Los dos cineastas citados forman parte de ese grupo de artistas imputados por ese liquidacionismo cultural e involucionista que abandera la contrarreforma judicial española. Que una organización que celebra el culto a la muerte y la exaltación esotérico-fascista del golpe militar del 36 trate de encarcelar a dos documentalistas, como dice el artista Iñaki Arzoz “por hacer su trabajo, resulta una vergüenza y un atentado contra la libertad de expresión. Y que el juzgado y la fiscalía le den carta de naturaleza demuestra en qué país amordazado y miserable vivimos, todavía. Un país que gracias a una Transición contemporizadora con el franquismo, sin su Juicio de Núremberg o al menos sin Comisión para la Verdad y la Reconciliación al estilo sudafricano, acaba convertido, inexorablemente, en una anomalía democrática que permite la existencia de puntos ciegos, en los cuales el fascismo hiberna bajo la cobertura del Estado”. Pero hay más. Que una organización que según su acta fundacional proclama “mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España haciendo que no se desvirtúen estos ideales” demuestra que en España el sistema judicial no funciona según los valores que proclama defender. Y menos sus mecanismos de control democrático. Porque esta organización se pasa por el arco de la cripta la Constitución y la Ley de Memoria Histórica. Y todo con la complicidad y responsabilidad de la Iglesia Católica española.

Porque esa cripta, donde se venera a los golpistas es propiedad del Arzobispado de Pamplona quien la cedió en usufructo a esa Hermandad fascista en 1998 para oración y sede de dicha Hermandad. Y este gobierno socialista debiera liderar de una vez por todas las conversaciones para romper definitivamente el Concordato que se mantiene con la santa Sede desde 1979. Ya se instó en febrero de 2018 desde el Congreso para que el Gobierno derogara esos acuerdos arcaicos que impiden la auténtica laicidad y aconfesionalidad del Estado. Pero una cosa es quererlo y otra pretenderlo. Y esto es una constante. Porque cada vez que se intenta limitar, matizar o cuestionar los privilegios de la Iglesia católica en España, aparece el Concordato. Y en esta ocasión el apartado 1.5 que establece la “inviolabilidad” de “lugares de culto” resulta ser el argumento –no nombrado– pero central de la acusación contra estos dos cineastas. Y es que esta denuncia lo que cuestiona realmente no es la violación de ningún secreto, esa es la excusa legal, sino impedir todo intento de memorialización histórica. En definitiva, como refiere la artista y crítica estadounidense Martha Rosler, la utilidad del arte como herramienta combativa.

Alguien dijo que el fascismo hoy es la política convertida en escenografía y el cinismo más atroz. Porque Clemente y Carolina no deberían estar en el banquillo; más bien deberían estarlo sus acusadores. Esos que mes a mes hacen apología del fascismo saltándose a la torera la Ley de la Memoria Histórica sin que nada ni nadie frene su exaltación golpista. Alba Rico, ese intelectual que conjuga la belleza de sus textos con la inclemencia de sus pensamientos, dice: “Los artistas son responsables de sus actos; sus obras son responsables de sí mismas. Tan absurdo sería meter en la cárcel a un artista por pintar un mal cuadro como encarcelarlo porque su cuadro representa bien la escena de un crimen”. ●