Niños y adolescentes tendrán voz en la elaboración de la ley de infancia
El periodo de consultas y sugerencias para realizar el anteproyecto, abierto hasta el 1 de marzo
PAMPLONA – El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un proceso de consulta previa que busca recoger sugerencias y aportaciones que se incorporarán a la futura ley foral de atención y protección a la infancia y adolescencia y promoción de la familia. Además de la implicación de las entidades e instituciones implicadas en estas cuestiones, por primera vez se contará con la colaboración de los menores, desde su diseño y durante todo el proceso, incluso se les hará partícipes de los resultados de sus aportaciones a través de una rendición de cuentas presentada de forma creativa.
En palabras de la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, el objetivo es una nueva ley foral de atención y protección a la Infancia y adolescencia y promoción de la familia “más acorde con el interés de los menores y los cambios de la sociedad” porque tras 15 años desde la aprobación de la actual ley, “se hace necesaria su actualización más acorde con el interés de los menores y los cambios de la sociedad”.
Así lo indicó la consejera Maeztu en una rueda de prensa en la que participó ayer junto con el director general de Presidencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiain, y el secretario general técnico de Derechos Sociales, Ignacio Iriarte. Según Asiain, desde el 4 de enero está abierta la consulta pública a través de Gobierno Abierto en la que se podrán presentar propuestas hasta el 1 de marzo.
El objetivo del Ejecutivo es que el texto esté listo para finales de año, para su debate y aprobación en el Parlamento. Para su elaboración, según expresó Maeztu, se ha puesto en martema cha “un amplio proceso de participación” que pretenden que abarque a todos los sectores implicados como son las familias, personas expertas, entidades, sindicatos, distintas estancias de la Administración pública y, por primera vez, a los menores.
GRUPOS DE TRABAJO Para llevar a cabo este proceso de consultas, se han constituido cuatro grupos distintos de trabajo y algunos de ellos ya están en marcha. Este proceso comenzó con la constitución del Consejo del Menor, el pasado diciembre. Además, hasta este momento se han organizado 22 grupos con menores: 9 trabajarán en el ámbito educativo en horario escolar en su propio centro, 3 con entidades sociales como los consejos locales del menor, y otros 10 con menores que forman parte del sisvicios de protección.
En paralelo, se han configurado 16 grupos con las familias: 7 son de Apymas del ámbito educativo en los centros, 2 con familias que participen en entidades sociales y 7 de familiares de los menores que forman parte del sistema de protección. También se va a preparar una encuesta anónima para que sea cumplimentada por personal de las entidades que gestionan los serdel sistema de protección, así como por el personal técnico que trabaja dentro del Departamento de Derechos Sociales en temas relacionados con menores o sus familias.
Las reuniones de estos grupos ya han comenzado esta misma semana. El proceso de participación se completa con dos grupos de trabajo internos y cuatro externos, donde están representadas instancias públicas y privadas relacionadas con la infancia.
ACTUALIZACIÓN NECESARIA La normativa vigente, aprobada hace 15 años, requiere una actualización acorde con un nuevo diagnóstico sobre el interés y protección de los y las menores y adolescentes. El nuevo texto incorporará las novedades en la normativa que la vigente no recoge como convenios internacionales y europeos, las novedades de la modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica Menor, así como las líneas estratégicas contenidas en el vigente II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-2023.
También contendrá novedades como la garantía de permanencia de los y las menores en su núcleo familiar siempre que no perjudique sus intereses o la potenciación de medidas para incrementar el acogimiento familiar sobre los residenciales y la adopción.
El cambio se hace necesario porque según indicó Maeztu, “en los últimos 15 años los cambios han sido diversos, desde el concepto de familia hasta los modelos de atención a las niñas, niños y adolescentes. Existe también una mayor conciencia sobre el papel de los y las menores en nuestra sociedad, y un mayor reconocimiento, no sólo de los derechos inherentes a toda persona, también de aquellos derivados de la especial protección que necesitan por su propia dependencia de otras personas”, subrayó. La futura ley ahondará en la responsabilidad de la sociedad en general y de los padres, madres, y responsables legales, para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, su adecuado desarrollo, su dignidad y bienestar.