La Justicia mantiene el 14-F por “un interés público muy intenso”
El TSJC busca evitar la “prolongada provisionalidad” y el Govern habla de “operación de Estado”
PAMPLONA – La Justicia riza el rizo para mantener las elecciones el 14-F y aduce como principales razones el interés público y evitar una provisionalidad que podría afectar al funcionamiento de las instituciones, mientras desde el Govern se denuncia una “operación de Estado”. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que emitirá una resolución definitiva sobre la suspensión cautelar del aplazamiento de los comicios, se pronunciará definitivamente en campaña, el 8 de febrero, pero todo apunta a que la agenda inicial seguirá en pie bajo un argumento que también ha deslizado Moncloa, que las medidas sanitarias actuales no limitan desplazamientos para actividades no esenciales. “Para adoptar esta decisión se ha valorado que hay un interés público muy intenso en la celebración de las elecciones suspendidas, porque si no se celebran se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas”, señala el tribunal en una resolución que no ha sido unánime, ya que cuenta con un voto particular. Para seguir con el calendario previsto, el TSJC recuerda que la decisión afecta al derecho fundamental de sufragio activo y pasivo, o derecho al voto, cuya suspensión no está prevista en el marco normativo estatal del estado de alarma. Incluso remarcan que se admite expresamente la celebración de comicios durante la vigencia de esta alerta.
De esta manera, insta a continuar con toda normalidad con el proceso del 14-F. “Esta decisión no implica que el tribunal obligue a votar irreversiblemente el día 14 de febrero de 2021, ni es el tribunal quien ha fijado esta
fecha”, subraya el dictamen, matizando que solo proceden a continuar adelante con la fecha en que las convocó la autoridad competente en la resolución del día 21 de diciembre de 2020. “Esto no significa que no puedan darse cambios sustanciales de aquí al 14 de febrero, tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario, derivados de la evolución negativa de la epidemia, lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho, teniendo en cuenta dichas nuevas circunstancias”, añade el tribunal ante un posible aumento de las restricciones de movilidad. En este marco, el magistrado José Manuel de Soler Bigas, en su voto particular, asegura que entiende las alegaciones presentadas por la Generalitat contra la suspensión del decreto, y afirma que no se puede descartar un repunte de la pandemia a raíz del aumento de la movilidad y de la interacción social para las elecciones.
SATISFACCIÓN SOCIALISTA Desde el Gobierno de Pedro Sánchez siguen la estela del tribunal porque anhelan sacar rédito al efecto Illa. “Una vez que un tribunal se ha pronunciado, el procedimiento electoral tiene que seguir su curso”, zanjó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles. Acusados los socialistas desde el ámbito soberanista, y desde otros sectores, de dar prevalencia a los votos en lugar de al derecho a la salud; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que se hizo a un lado para encumbrar como candidato al titular de Sanidad, defendió al ministro porque su aspiración a dirigir el Govern “es tan sólida que quieren cambiar la fecha de las elecciones”, en referencia al decreto del Govern posponiéndolas al 30 de mayo. No es de extrañar que el vicepresident Pere Aragonès sospeche que detrás de este alineamiento no exista “una operación de Estado” para favorecer a Illa. El líder de ERC advirtió de que esta incertidumbre en torno a la fecha “puede provocar un perjuicio a las arcas públicas”, con 30 millones de euros “tirados por la ventana”, si después de obligar a preparar el dispositivo electoral el TSJC decidiese permitir el aplazamiento. Y ante quienes dudan de cómo se gestó el decreto, remarcó: “El TSJC no ha dicho que esté mal hecho, ha dicho que se lo está pensando. Entonces, que piensen rápido y que decidan rápido porque, si no, sospecharemos que detrás hay una operación de Estado en la que unos señalan, el PSC, y otros hacen el trabajo”.
Aragonès hizo hincapié en que “la Fiscalía ha dicho que se mantengan las medidas cautelares, y Pedro Sánchez ya dijo de quién dependía la Fiscalía”. Además, al líder de ERC le “sorprende que el ministro de Sanidad, que tiene opinión sobre todos los aspectos epidemiológicos, no la tenga sobre el hecho de que el 14-F, si se mantienen las elecciones, cinco millones y medio de ciudadanos de Catalunya se movilizarán”. Por su parte, la portavoz de Jxcat, Elsa Artadi, dio casi por hecho la primera fecha y animó a centrarse en ella para “llenar las urnas de votos independentistas” y demostrar “que en Catalunya no manda el PSOE”. “Dejemos de especular, no permitiremos es que esta Justicia se imponga en las urnas”, zanjó. ●