¿Deberemos juzgar a nuestra clase política después de la pandemia?
Antes del inicio de las navidades los expertos recomendaban por todos los medios posibles que no se relajaran las medidas para la contención de la pandemia. En ese momento, desde la clase política se lanzó esa perversa consigna de salvar la Navidad. Era la conclusión, desde quienes tenían capacidad de tomar medidas, de la falsa batalla entre salud y economía. Digo falsa porque su obligación como gobernantes era preservar ambas en ese orden.
Escuchamos desde sus atriles de poder argumentos de todos los colores, desde que debíamos cuidar la salud mental de una población muy castigada con el confinamiento de marzo, permitiéndoles celebrar esas fiestas lo más normales posibles.
También que en una época del año donde las ventas se incrementaban, donde bares y restaurantes hacían suculentas cajas, era imprescindible abrir la mano con medidas extremadamente suaves.
No escucharon entonces las voces de los expertos que advertían que eso iba a suponer una especie de suicidio colectivo, que rebajar la tensión iba a beneficiar la extensión incontrolada del virus.
La clase política en general, salvo muy contadas excepciones, aquellos que mandaban y los que no, de un color político u otro, decidieron, ahora comprobamos que de manera arriesgada e insensata, medidas que han hecho inmensamente feliz al virus.
Lo hicieron sabiendo las consecuencias que traerían consigo. Más contagios, más ingresos, más UCI y más fallecidos. Cuando un dirigente político toma decisiones a sabiendas de que no son adecuadas comete un delito, de ahí la pregunta de inicio: ¿han cometido nuestros responsables delitos en esta ocasión?
Si se pudiera cuantificar la cifra de los ingresos y muertos que se hubieran evitado tomando las medidas que les planteaban aquellos que saben, la importancia y la cuantía de su delito estaría demostrada.
Probablemente será difícil demostrarlo con números, pero la evidencia parece clara; hemos pagado como sociedad un alto precio por su irresponsabilidad y no pueden, no deben, irse de rositas después de la catástrofe que han provocado. Han actuado con insensatez y negligencia, provocando un daño irreparable a la ciudadanía que debían cuidar y proteger, y eso merece un castigo, político y penal.
Como muestra un botón. En Navarra, la fecha que tomaron las medidas navideñas había 66 contagios, tasa de positividad por debajo del 5% y edad media 36 años. Ahora estamos en 305, 8,8% y, lo que es más grave, esa edad media ha subido a 40 años. Este ejercicio se podría hacer con el resto de comunidades. Existen medios para lograr llevarles ante un tribunal por estos hechos, especialmente a través de los tribunales europeos como el de Estrasburgo.
Quizá cuando acabe esta terrible pandemia deberían comparecer ante él para hacer frente a esas acusaciones de graves negligencias, incluso por crímenes de lesa humanidad dadas las cifras de que las que estaríamos hablando. ¿Tendremos valor y fuerza para hacerlo? Es posible que no, pero al menos debemos decirlo valientemente alto y claro, para que al menos paguen sus actos de manera moral. Ignoro si leerán esta reflexión, pero si lo hacen les pido que se retiren a reflexionar, recuerden a sus víctimas y, si son creyentes, recen una oración por ellas. Y que el peso de su conciencia les acompañe el resto de su vida. Escribo esta reflexión en un momento de debate sobre las nuevas medidas que se deben tomar ante la llegada de esa temida y esperada tercera ola en forma de tsunami.
Cabe pedirles, de exigirles hoy que no cometan los mismos errores que en diciembre, porque nos jugamos vidas y sufrimiento. Que aparquen el oportunismo político, si hay o no elecciones en Catalunya, si ejercen de oposición de desgaste o quieren desgastar a la oposición. Que se dediquen a lo que es su obligación: salvar vidas y evitar sufrimiento a la ciudadanía.
Si lo hacen ahora quizás se libren de ese juicio.
Veremos... ●