Pasarela del Labrit: un pecado, tres mentiras y una sospecha
El último capítulo referido a la pasarela del Labrit nos deja un panorama desolador. Tras asegurar durante meses y meses que esta infraestructura se podía y se debía abrir en un plazo muy breve (apertura inmediata decía su programa electoral), el alcalde Maya nos ha comunicado indirectamente, a través del acuerdo presupuestario con el PSN, que este año 2021 veremos la pasarela como está, cerrada. Año y medio después de llegar a la alcaldía, y a pesar de haber sostenido que la pasarela “se podía haber abierto al día siguiente del siniestro” (concejal Echeverría de UPN en el Pleno de mayo de 2018).
Todo este problema comenzó en 2011 con las prisas electorales por inaugurar la pasarela y, como en tantas otras ocasiones, se primó el ritmo político de la obra a la seguridad, lo que llevó a UPN a decidir no realizar una prueba de carga que era legalmente obligatoria según el Colegio de Ingenieros. Una prueba que hubiese evitado la situación que actualmente padecemos porque nos hubiese advertido del daño estructural que padecía. El pecado original.
A partir de que se destapara esta enorme chapuza de gestión de UPN el señor Maya, lejos de asumir responsabilidades y colaborar en resolver la situación, se lanzó a una crítica política populista sin límites contra los informes técnicos elaborados por empresas especializadas, que luego serían ratificados por personal funcionario cualificado. Despreció el trabajo de estas empresas y el del personal municipal con afirmaciones políticas gratuitas y mal sustentadas de las que conviene destacar tres que se han evidenciado como grandes mentiras.
En la primera de ellas afirmaba que ningún funcionario avalaba el análisis y las conclusiones de estos informes especializados. “Estoy por ver un informe de los técnicos municipales. A lo mejor lo tiene usted en algún cajón” (concejal Maya, Comisión de Urbanismo de febrero de 2019). Lo cierto es que constan en el expediente numerosos informes técnicos municipales con participación de hasta cinco técnicos entre letrados, arquitectos e ingenieros, cuatro de ellos funcionarios de carrera, por lo tanto, independientes e imparciales. Es más, consta en uno de ellos que “a partir de los datos obtenidos en la inspección de la pasarela los Servicios Técnicos Municipales (…) concluyen que es necesario encargar un informe profuso, científicamente consistente e independiente que informe al Ayuntamiento”. Eso es lo que hicimos.
La segunda gran mentira es que fue el Gobierno de Asiron quien decidió políticamente que había que desmontar la pasarela y construir otra nueva. Decía Maya en esa Comisión de Urbanismo “No la desmonte. Espere. Pida informe a los técnicos municipales antes de tomar la decisión; pida informe a los letrados municipales antes de tomar la decisión”. Sin embargo, la realidad era que todas las decisiones, incluida esa, tenían como base informes técnicos de las empresas especializadas y respaldadas por el personal técnico municipal. En un informe fechado el 6 de marzo de 2019, y firmado por dos arquitectos municipales, se decía, haciendo suyas las conclusiones de los informes de las empresas especializadas que la pasarela “no es viable técnicamente ni económicamente su reparación (…) se propone su pronta retirada y plantear un nuevo diseño”. Evidentemente, tratándose de un asunto estrictamente técnico, lo que correspondía era llevar a efecto esa recomendación. Eso es lo que propusimos hacer.
La tercera mentira ha consistido en negar que exista base legal para que el Ayuntamiento haga una reclamación por el total del valor de la pasarela y que, por lo tanto, se pueda encargar una nueva. Lo cierto es que el expediente de depuración de responsabilidades ha sido el marco donde se han desarrollado todas las actuaciones, donde todas las partes han podido manifestar su opinión y que tuvo el respaldo del personal técnico municipal, requisito legal indisponible. Se aprobó definitivamente con fecha 30 de abril de 2019 por una cuantía de 800.000 euros. Eso quiere decir que desde hace más de año y medio se podría haber encargado y colocado una nueva pasarela. Lo único que ha hecho hasta ahora el alcalde Maya ha sido empeñarse en el encargo de un nuevo informe por valor de 62.000 euros para cumplir su deseo político de diluir su responsabilidad. Para ello firmó un contrato a dedo con el Colegio de Ingenieros, sección Navarra, sin que haya ningún informe técnico municipal que avale absolutamente nada. Resultado, el Tribunal Administrativo lo ha declarado ilegal. Hay muchas diferencias entre la forma de hacer de la etapa Asiron en comparación con la de Maya pero una fundamental: nunca se apoyó en la mentira populista, ni abandonó la seriedad y la profesionalidad como método de trabajo.
Vistos los antecedentes expuestos nos queda la sospecha. ¿Por qué ha tenido tanto interés UPN en manipular hasta extremos impresentables este tema? ¿Por qué se empeña en defender los intereses privados frente a los públicos? ¿Solamente por razones políticas o quieren esconder el pecado original? Respóndanse ustedes mismos. ●