Denuncian la posible ocupación ilegal del Valle de los Caídos
Los benedictinos deberían haber renovado el convenio con el Estado que les permite vivir allí
MADRID – La Asociación para la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la posible ocupación ilegal del Valle de los Caídos, desde el pasado 2 de octubre de 2020, por parte de los monjes benedictinos que residen y gestionan el mausoleo.
En un comunicado, esta asociación memorística explica que el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos de 1958, que autorizaba a esta congregación permanecer en el enclave, no se ha renovado después de cuatro años, según obliga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La ARMH expone que esta norma de 2015 incluye, en su disposición adicional octava, la prórroga automática de los convenios indefinidos, como el que afecta al Valle de los Caídos, y daba un plazo de cuatro años a partir de su entrada en vigor para que fueran renovados; en caso contrario, quedarían extinguidos el 2 de octubre de 2020.
Al no haberse producido tal actualización, la asociación entiende que la comunidad benedictina debería haber abandonado ya el Valle de los Caídos y por ello, al no haberlo hecho, su estancia debe ser considerada ilegal por el Gobierno.
Por todo ello, además de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, demandan al Ejecutivo que vele por la legalidad y obligue a los monjes a “abandonar el recinto, dejar de ejercer cualquier control sobre el mismo, y cumplir estrictamente la ley”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) notificó a la Fiscalía General del Estado que la permanencia de los monjes benedictinos que residen y gestionan el Valle de los Caídos “podría ser ilegal desde el pasado 2 de octubre”. Según señalan, el convenio entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos, que desde 1958 regulaba la presencia de esa congregación religiosa en Cuelgamuros, se extinguió ese día, “al no ser renovado por el Estado en cumplimiento de la Disposición Adicional Octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que dicta que expira a los cuatro años de la entrada en vigor de esa ley si el Estado no ha renovado el convenio, cosa que no ha hecho en el caso de la orden benedictina.