El terrorismo ultra y derechista en Navarra

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el director de Paz y Convivenci, a Martín Zabalza, presentaron ayer el informe que el Gobierno de Navarra encargó al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la situación de las víctimas de grupos de extrema derecha en la Comunidad Foral durante Transición. Un primer paso para avanzar en la falsa e injusta discriminación entre víctimas de primera y víctimas de segunda en el ámbito de las violencias que han asolado esta tierra durante las últimas décadas. Entre 1975 y 1985, grupos de extrema derecha cometieron al menos 33 atentados en Navarra o contra ciudadanos navarros fuera de territorio foral. Estos actos terroris- tas van desde los asesinatos en Montejurra de Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero al de Ángel Gurmindo en Hendaia o a la desaparición del pamplonés José Miguel Etxeberria, al ametrallamiento de librerías como el histórico El Parnasillo, ataques a sedes de partidos políticos y sindicatos y de establecimientos de hostelería. En total, 3 personas asesinadas, una persona desaparecida y 21 acciones con daños materiales. No son todos. El estudio aún no comprende la totalidad de los actos de violencia ultra o parapolicial ocurridos en esa época en Navarra. Ni tampoco otras violaciones de derechos humanos, civiles y políticos democráticos posteriores. En cualquier caso es un paso clave en defensa del derecho a la verdad y el derecho al reconocimiento de personas víctimas de la violencia terrorista que han sido ninguneadas, olvidadas o simplemente apartadas de la memoria –individual y colectiva–, la reparación y la justicia. Ha sido injusto, y lo sigue siendo en gran medida, la división por simple interés político de las víctimas de las violencias. El reconocimiento de las víctimas de violencia es un asunto de derechos humanos, por lo que no cabe una interpretación restrictiva de las consecuencias de su violación en función de quiénes sean los autores o los afectados. El legítimo reconocimiento y el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en esta tierra. Sin exclusiones. Hay víctimas de ETA que niegan políticamente al derecho a esa memoria a otras víctimas de otras violencias. Como hay todavía sectores políticos y de poder mediático o religioso que se niegan a reconocer a las víctimas del genocidio franquista. Pero también hay víctimas de ETA que han denunciado reiteradamente los vetos políticos, policiales y judiciales a las leyes de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, de grupos de extrema derecha y de la guerra sucia del Estado. Sin olvidar que la Transición del 78 también fue un periodo oscuro y duro en el que el terrorismo derechista o las actuaciones parapoliciales dejaron 2.663 víctimas en el Estado entre muertos y heridos, la mayoría olvidadas. ●