Insumisión Lucha pionera en Navarra
El Instituto Navarro de la Memoria recoge en más de 15.000 páginas y 6.000 archivos el papel de los jóvenes objetores de conciencia en el 32º aniversario de la creación del movimiento. La cárcel de Pamplona acogió hasta 600 presos por esta causa.
Afinales del pasado siglo XX, un variopinto movimiento incendiado por gentes de toda clase de ideologías consiguió en apenas dos décadas de desobediencia civil cambiar el transcurso de la historia y del poder en el Estado español. A raíz de esta lucha, fue en 2001 cuando desapareció oficialmente el servicio militar obligatorio, lo que popularmente se conocería como la mili.
Hoy, 20 de febrero, hace 32 años desde que 57 objetores en busca y captura se presentaron ante las autoridades militares, diez de ellos en Pamplona, para reafirmar su negativa a realizar el servicio militar. Y es que, en la Comunidad Foral, el “no” a participar en el Ejército viene de lejos, pero fue en los años noventa cuando esta oposición se vio respaldada por una generación de jóvenes que tuvieron por bandera la cultura de la no violencia. Fue entonces cuando nació uno de los movimientos sociales más profundos de la historia navarra: la insumisión.
En ese contexto, con el fin de poner en valor el liderazgo de la juventud navarra, el Instituto Navarro de la Memoria del Departamento de Relaciones Ciudadanas presentó esta misma semana el nuevo Archivo histórico del movimiento de objeción de conciencia e insumisión en Navarra que recopila 6.000 documentos, con más de 15.000 páginas, sobre estas dinámicas que surgieron a finales del franquismo y que conmocionaron a la sociedad navarra en los años noventa.
LEY DE OBJECCIÓN DE CONCIENCIA
Adiós a la mili: de 1984 a 2001
La insumisión, que ganaría su principal batalla con la abolición de la mili, nació, en el más stricto sensu, en respuesta a la Ley de Objeción de Conciencia de 1984, que reconocía el derecho a no cumplir el servicio militar obligatorio a cambio de realizar una Prestación Social Sustitutoria (PSS) de año y medio. Esta terminó por ser un arma de doble filo, y es que el movimiento objetorio reconoció esta ley como un arma del Estado para desactivar su causa y reaccionó como lo había hecho hasta el momento: con una desobediencia total y pacífica. No iban a la mili, pero tampoco a la PSS.
Con la creciente fuerza que iba adoptando el movimiento, el Gobierno español contraatacó en los 80 con una nueva estrategia de división: mientras a los primeros que dieron el paso de decir “no a la mili” se les condenaba a un tercer grado o a penas de un año de prisión, los nuevos insumisos que se unían a la carga “tendrían que sufrir dos años, cuatro meses y un día” –recordaba recientemente Pedro Oliver Olmo, colaborador del Instituto Navarro de la Memoria en DIARIO DE NOTICIAS y profesor en la Universidad de Castilla-la Mancha–. Pero, entonces, los “perros viejos” rechazaron el beneficio legal en solidaridad con sus compañeros. “Si ellos van a prisión, yo también”. Y fue así como la cárcel de Pamplona se fue llenando de insumisos: hubo cerca de un centenar de presos a la vez y 600 en lo que duró el movimiento.
Una vez más, el tiro le salió por la culata al poder militar que empezó a ver como, tras cerca de cinco años de lucha, los costes que suponía tener a tantos insumisos reclusos era algo que no podía asumir.
Todo este tira y afloja se desarrollaba en un clima de creciente malestar social que cada vez se veía más cercano a los objetores de conciencia. Así, mientras seguía la actividad judicial contra los insumisos, se multiplicaban las protestas y manifestaciones –también los conciertos y más acciones sociales–, los partidos y sindicatos empezaron a posicionarse, y el impacto mediático solo iba a más.
A pesar de que todo esto culminara con el éxito de la desaparición de la mili, para algunos esta historia no debería haber terminado ahí y lamentan “haber perdido la guerra” con la disolución en el tiempo del sentimiento antimilitarista y de los movimientos sociales en pro de la cultura de paz. ●