El Gobierno quiere penalizar la jubilación anticipada
Escrivá aboga por cambiar los recortes y ajustarlos al 8% anual y que no terminen por debajo de ese porcentaje como ocurre ahora
PAMPLONA – El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, abogó ayer por rehacer las penalizaciones que se aplican en las pensiones de los que se jubilan anticipadamente para que sean del 8% por año, como se pretendía con la ley, y no terminen estando por debajo como ocurre actualmente. Escrivá
insistió en que en España hay un “exceso de jubilaciones anticipadas” y que es algo que es necesario desincentivar “claramente”.
Esa opción tiene “coeficientes desincentivadores no suficientemente desincentivadores”, añadió Escrivá que ha abogado por “rehacer” el sistema para que “refleje más” que si alguien se quiere jubilar, por ejemplo dos años antes, va a tener una penalización permanente en su pensión del 16%. “Es lo que la norma original tenía en la cabeza y nos parece suficiente pero es que en la practica termina siendo un 4% para muchos casos”, señaló.
Escrivá ya ha avanzado en varias ocasiones su intención de endurecer las prejubilaciones voluntarias cambiando unas penalizaciones que, a su juicio, no son adecuadas y terminan perjudicando más a los trabajadores con salarios y pensiones más bajas. Esta es una de las vías en las que trabaja, junto a dar mayores incentivos a la jubilación demorada, para acercar la edad efectiva de jubilación en España a la edad legal y que el ministro quiere llevar en una reforma más amplia de la ley de Seguridad Social. “Tenemos que explotar todas las vías para que las personas estén más tiempo en el mercado de trabajo y sean más felices”, reflexionó. Las personas de más de 55 años “quieren ser activos, prestar servicios a la sociedad”, subrayó Escrivá, y añadió que “a veces la elección de opciones políticas extremas tiene su origen en la frustración de que a partir de los 55 años dejas de ser activo”. “Tenemos que contar con el talento senior”, insistió al recordar que España va a perder 7 millones de personas en su mercado laboral en tres décadas y que, con esos números, “es imposible mantener el estado del bienestar”.