Primer paso en el Congreso para la despenalización de los piquetes
El Gobierno quiere eliminar las penas de cárcel a las presiones para iniciar o continuar una huelga
PAMPLONA – La derogación del artículo del Código Penal dirigido a castigar con penas de cárcel las coacciones para iniciar o continuar una huelga pasó ayer el trámite de la Comisión de Justicia del Congreso, paso previo a su aprobación en el Pleno de la Cámara Baja. Tras dar carpetazo la pasada semana en ponencia a esta proposición de ley del PSOE, la iniciativa podría aprobarse en el próximo Pleno de la Cámara Baja, previsiblemente el 11 de marzo.
La proposición de ley plantea derogar el artículo 315.3 del Código Penal que contempla penas de prisión para estos piquetes y posibilitar la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga. La iniciativa llegó a la comisión sin cambios sustanciales, únicamente varias correcciones de carácter técnico en la exposición de motivos.
Al tratarse de una proposición de ley que busca modificar una Ley Orgánica –el propio Código Penal–, la Cámara debe aprobarla con mayoría absoluta, por lo que los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 diputados) deben incorporar al menos 21 votos más.
Para sacarla adelante, previsiblemente contarán con el apoyo de, al menos, Esquerra Republicana (13 votos), Eh-bildu (5 votos), Más Paísequo (2 votos), la CUP (2 votos), Compromís (1 voto), BNG (1 voto) y Nueva Canarias (1 voto).
Además de la iniciativa, los grupos deberán debatir las enmiendas parciales de los grupos, ya que la proposición de ley acumula enmiendas del PP, Vox, el PNV y el PDECAT.
Concretamente, el PP busca conservar la redacción vigente de la ley; Vox intenta ampliar las penas de prisión para los piquetes; y el PDECAT trata de ampliar la iniciativa, comprometiendo por ley al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de Huelga, previo acuerdo con los agentes sociales, para sustituir la regulación actual, “de base preconstitucional”.
En su enmienda, el PDECAT cree que es necesario regular este derecho “de manera integral”. “Tras más de 40 años de democracia sorprende que todavía no lo haya abordado ningún Gobierno”, manifiesta en la justificación de su enmienda.
LA POSTURA DEL PNV Marcando distancias con el Gobierno de coalición, el PNV propone en su enmienda mantener en el Código Penal las penas de cárcel para los abusos que puedan cometer los piquetes en una huelga, aunque rebaja los años de prisión previstos a solo uno, o dos en caso de que se lleven a cabo con coacciones.
Aunque mantiene las penas de prisión, el PNV equipara los abusos de los piquetes con los que pueda cometer una persona que impida o limite la libertad sindical o el derecho de huelga de los trabajadores, por lo que en la práctica rebaja el castigo a esta vulneración.
Así, plantea equiparar y rebajar las penas para quienes “mediante engaño o abuso de situación necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical, el derecho de huelga o condujeren a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.
La propuesta del PNV limita a un año la pena máxima de prisión prevista en este artículo --actualmente se fija en dos años de cárcel-- y en caso de existir coacciones se rebaja de los tres años de prisión vigentes a dos años. El artículo vigente para las coacciones en el ámbito de una huelga contempla penas de cárcel de hasta tres años.