EDITORIAL

La movilidad en Semana Santa no es el principal bien a preservar y su fomento por interés político particular no debería imponerse a los consensos sobre las condiciones de seguridad y salud

La Comisión Interterritorial de Salud no sirvió ayer para cerrar una postura consensuada sobre la movilidad durante la Semana Santa. Una circunstancia hasta cierto punto sorprendente en tanto prácticamente una docena de las 17 autonomías del Estado, con Navarra y la CAV a la cabeza, coinciden en que no es prudente abrir las puertas a una movilidad sin freno durante este mes de marzo y el de abril. Así lo han manifestado públicamente los responsables sanitarios de todas ellas y en esos términos se manifestaron ayer. Después de un año de pandemia se hace difícil entender que el pulso sobre las medidas siga pesando más que los consensos mínimos de naturaleza científica acreditados en este tiempo. No se trata de imponer o ceder a una opinión particular, aunque el peso que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado adquirir merced a su sistemático desmarque de las medidas generales dentro y fuera del Estado empieza a ser más un lastre ideológico y de gestión populista que una garantía para la salud de sus propios conciudadanos. Se trata de acreditar con argumentos incontestables las decisiones que se desmarquen de la debida prudencia. No al revés. Es de todos conocido el sufrimiento de los sectores económicos relacionados con el ocio y el turismo, pero también que la movilidad es un factor de dispersión de este y de cualquier otro proceso contagioso. En consecuencia, lo que está en cuestión no es tanto la oportunidad o no de esa movilidad sino los motivos por los que un consenso científico entra en cuestión. Hoy se esperan indicaciones de la Comisión de Salud del Ministerio que dirige Carolina Darias sobre la semana festiva. Quizá el peso de esos argumentos debieron inclinar la balanza ya ayer, a no ser que el propio Gobierno español esté midiendo que las decisiones impopulares –y a estas alturas las restrictivas lo son por encima incluso de las necesarias garantías de seguridad y salud– sean adoptadas por otros. Pero, con esa actitud, por el camino se quedaría la necesidad de un consenso que transmita seguridad mediante la cohesión en torno a las medidas –en el Estado y en Europa–. En ambos ámbitos está fallando una estrategia compartida por criterios que tienen más que ver con la gestión política de la propia imagen de los administradores que con la eficacia y la seguridad. ●