El Gobierno aguarda con optimismo la financiación europea pese a su inconcreción
Las incógnitas en torno a los plazos y las cuantías rodean la remisión del plan estatal para el mecanismo Next Generation
PAMPLONA – Este viernes acabó el plazo para remitir a la Comisión Europea el plan del Estado para invertir los 140.000 millones que le corresponden en virtud del mecanismo europeo Next Generation, pero todavía hay más incógnitas que certezas en torno a qué impacto concreto tendrán las ayudas comunitarias en las comunidades autónomas. También en Navarra, que de momento apenas sabe el destino de unos pocos millones, como los 11 que se conocieron este viernes para Derechos Sociales y el medio millón para avanzar en la digitalización de la administración de justicia.
Todo lo demás –los plazos, las cuantías concretas, los proyectos– está por conocerse. El Estado remitió el viernes el informe –uno de los pocos Estados miembro que ha llegado a tiempo– y ahora la Comisión Europea tiene dos meses para aprobar el programa. “No creo que agote todo ese plazo”, apunta Iñaki Arrizabalaga Rodríguez (Pamplona, 20 de febrero de 1958), director de la oficina Next Generation del Ejecutivo foral, que cree que “a mediados de mayo” Navarra podría conocer, con más exactitud, si alguno de los proyectos que van a financiarse encajan en su hoja de ruta y, por tanto, recibe dinero. “El problema no va a ser el dinero, el problema va a ser gestionar esa cantidad de dinero en tan poco tiempo”, precisa Arrizabalaga, que indica que todos los proyectos tienen que estar muy avanzados para que se cumplan los plazos. Para los fondos React –148 millones para Navarra–, el plazo de ejecución es de junio de 2023. Para entonces tiene que estar todo terminado. Y en los Next Generation, la fecha tope es la del 31 de diciembre de 2026. “Hay mucha urgencia”, y por eso los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya consignan 27.000 millones para tratar de anticiparse y disponer energías renovables, de coche eléctrico, de eficiencia energética en vivienda, de emisiones en la industria– y la transformación digital van a tener un peso muy fuerte. Concretamente, y como mínimo, la Unión Europea fija en un mínimo de entorno al 30-35% de inversión en políticas verdes y otro 20% en transición digital en el mercado del empleo. “No tengo la cifra en la cabeza, pero creo que en los planes del Gobierno central el porcentaje es de cerca del 39% para política verde, todavía más de lo que marca la UE”, especifica. Por tanto, más de la mitad de lo que llegue a Navarra tendrá que tener presente ambos criterios para que cuenten con financiación europea.
Hay otro aspecto importante: más que para proyectos, el dinero es para reformas. Europa fija esos objetivos y le da igual cómo se alcancen, pero luego va a exigir resultados para soltar el dinero. “A la UE le va a dar igual cómo lo hagamos, cómo gestionemos ese dinero. Pero si vamos a hacer un proyecto, luego va a evaluar de forma muy concreta que cumpla con esos objetivos de transformación que quiere fijar”, detalla.
Es decir, que los controles van a estar más que asegurados. “El dinero lo han aprobado los países que han tenido más reticencias a la hora de concederlos, como son los Países Bajos, por ejemplo. Los controles van a ser exhaustivos, pero este es un mecanismo que no tiene nada que ver con todo lo anterior y las herramientas necesarias son diferentes”. ●