El Gobierno deja en manos del Supremo las restricciones tras el estado de alarma
Las comunidades podrán adoptar limitaciones y, si las tumbaran los tribunales, el TS tendrá que fallar en casación en 5 días
PAMPLONA – El Ejecutivo de Pedro Sánchez confirmó ayer en Consejo de Ministros que no decretará la prórroga del estado de alarma, ni tampoco activará una reforma legal que dé cobertura a las comunidades para mantener el domingo, cuando está previsto que expire ese paraguas, medidas como el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales y la limitación del número de personas en las reuniones para frenar el coronavirus. Se ha puesto de perfil y ha realizado un movimiento de mínimos: invita a las comunidades a aprobar medidas y les ofrece, a través de un real decreto, la opción de recurrir en casación al Tribunal Supremo si el tribunal superior de justicia correspondiente las tumbara.
El panorama se ha torcido de manera considerable en las últimas horas y se complica la posibilidad de mantener las limitaciones de movilidad. Ese tribunal ya frenó en su momento la intención de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y, además, ayer se conoció que Baleares, del propio PSOE, ha sometido el toque de queda a consulta en su tribunal superior de justicia, y ha sido la propia Fiscalía quien ha emitido un criterio negativo. El Gobierno español había prometido facilidades o, incluso, que la Abogacía del Estado podía acompañar a las autonomías con un recurso. El Supremo tendrá cinco días hábiles para decidir sobre un caso, un plazo que también sorprendió por laxo y porque la decisión podría llegar demasiado tarde. El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto en una opción de mínimos. La vicepresidenta española Carmen Calvo defendió que el control judicial es necesario a la hora de restringir derechos fundamentales, y vio en el Supremo la virtud de que va a “unificar” criterios. Quedará en manos de la sala tercera, la sala de lo contenciosoadministrativo que dirige César Tolosa Tribiño, quien ha defendido en alguna ocasión que la legislación sanitaria está obsoleta y necesita una revisión. Algunas fuentes señalan que el tribunal está controlado por jueces conservadores y es difícil que el PSOE haya podido apalabrar nada, algo que tampoco podría reconocer en público porque supondría faltar a la independencia judicial.
DEFENSA DEL ESTADO Calvo puso en valor que resolverá los recursos en cinco días hábiles, un plazo poco ágil para una pandemia. A su juicio, los tribunales han respaldado a las autonomías en la mayor parte de casos. Emplazó a las comunidades a “fundamentar” sus decisiones en los datos del virus, y defendió que este plan es una red de “seguridad y tranquilidad” y “un instrumento de ayuda”. Lo presentó como una decisión que respeta al poder judicial y la territorialidad, lo que no oculta el desaire al PNV, socio prioritario en el Congreso y apoyo clave para garantizar la estabilidad de la legislatura.
El Gobierno español desveló sus intenciones el mismo día de las elecciones en la Comunidad de Madrid y su propuesta no tranquiliza a las comunidades. Territorios como Cantabria lamentaron que no soluciona nada, Galicia volverá a pedir desde su Parlamento una reforma legal, y Andalucía criticó que Sánchez “pase la pelota”, al igual que Catalunya. El presidente del Tribunal Superior vasco, Iñaki Subijana, había pedido claridad.
JURISPRUDENCIA La situación ha dado un giro y, tras especular los socialistas con una decisión que salvara el toque de queda como pedían comunidades del PSOE, y que tumbara por el contrario los cierres perimetrales para incentivar el turismo, Moncloa apunta en sentido opuesto. Sánchez lo fía todo al Supremo, que suspendió cautelarmente en febrero el toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León, con el argumento de que los límites horarios estaban fijados en el real decreto de alarma (que permitía adelantarlo como mucho a las 22.00 horas), y que esa cuestión afectaba a un “derecho fundamental susceptible de amparo constitucional”. Añadía que la decisión se había tomado desde un órgano “manifiestamente
incompetente por razón de materia”. Este tribunal sí mantuvo el cierre perimetral en el puente de San José y en Semana Santa en la Comunidad de Madrid invocando la salud frente a un recurso de Vox, pero tenía el colchón de la alarma y el apoyo de Sánchez.
La atención está en Baleares y en la decisión que tome antes del viernes su tribunal. La Fiscalía niega al Govern competencias para mantener el toque de queda y limitar las personas en domicilios privados.