UN CÉNTIMO POR KILÓMETRO
El plan del Gobierno contempla un canon por el uso de vías nacionales con dos o más carriles ● La propuesta busca fórmulas para evitar que el coste añadido recaiga sobre los transportistas
PAMPLONA/MADRID – El plan del Gobierno de cobrar por el uso de las carreteras a partir de 2024, propuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Ejecutivo español a Bruselas, se podría traducir en la implantación de un canon de uso por carretera que se acercaría al céntimo por kilómetro, aunque la cantidad no está fijada todavía. Por tanto, y por poner un ejemplo, recorrer en coche la distancia entre Madrid y Barcelona, 621 kilómetros, conllevaría un pago de una cantidad cercana a 6,21 euros.
“El objetivo de la medida no es confiscatorio, sino que se busca una vía de ingresos que cubra el coste de mantenimiento de las carreteras que en los últimos años no ha sido cubierto por los presupuestos generales del Estado”, explican desde el Ministerio de Transportes.
Esta medida sería en principio efectiva a partir del año 2024 para todas las carreteras cuya titularidad pertenezca al Estado y que tengan dos o más carriles, e irá acompañada de los mecanismos legales que permitan a las comunidades autónomas aplicar la medida dentro de su territorio también por las vías regionales que cumplan con esos requisitos.
El Gobierno pretende que esta propuesta, que se ha comprometido con Bruselas a implantar, alcance el mayor consenso político posible, aunque tras conocerse los primeros detalles de este plan está suscitando numerosas críticas.
Uno de los compromisos del Ejecutivo, también enviado a Bruselas, es evitar que los transportistas paguen por transitar por las carreteras. La idea es cargar ese sobrecoste al cargador de la mercancía.
2024, FECHA “ORIENTATIVA” La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo ayer que la fecha de 2024 para implantar peajes en las autovías españolas “puede ser orientativa”, y que siempre dependerá de la recuperación tanto económica como de los niveles de crecimiento del PIB anteriores a la pandemia.
Montero explicó que es una medida en la que se está trabajando y “estudiando” dentro de un “proyecto integral” que permita “una movilidad sostenible” y que los ciudadanos se puedan desplazar sin usar su coche, “con un transporte del siglo XXI”.
Aseguró que se está trabajando en esa reforma “con diálogo y consenso” por parte del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dentro de un “paquete” que permita “homologar el mantenimiento de las carreteras en España a lo que ocurre en los países vecinos”.
Recordó que el Gobierno prevé una treintena de iniciativas estratégicas sobre movilidad sostenible, con 10.000 millones de inversión y “una apuesta sin precedentes para facilitar las alternativas al vehículo particular”.
“EL MODELO MÁS JUSTO” Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió ayer en el Congreso que el modelo de pago por uso con peajes en las carreteras “es el modelo europeo y el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio”.
Señaló la necesidad de “aumentar progresivamente la inversión en infraestructuras” y, para ello, “encontrar vías de financiación”. En este sentido, explicó que actualmente el mantenimiento de estas infraestructuras se sufraga a través de los Presupuestos pero que el sistema de peajes para “unos pocos” en determinadas vías genera “enormes desigualdades”.
“Parece razonable que paguen algo también los 100.000 vehículos que entran todos los días en el país, la mitad de ellos extranjeros”, aseveró la ministra, llamando a encontrar “un sistema mucho más eficaz” para mantener las autopistas “que sea igual para el resto”.
Calviño se refirió a esta cuestión tras afearlo el diputado popular Miguel Angel Castellón, a cuenta de la inclusión de esta medida en el Plan de Recuperación remitido a la Comisión Europea.
“Me sorprende que este tema lo saque tanto el PP, que es el que se planteó establecer un régimen distinto de financiación de las vías de alta capacidad”, replicó la vicepresidenta del Gobierno.