En busca de “desterrar” el término ‘disminuido’

Pedro Sánchez pide el apoyo de todos los grupos para eliminar la palabra de la Constitución

MADRID – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló ayer a la “responsabilidad y conciencia cívica” de todos los grupos parlamentarios para aprobar por “unanimidad” la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que “destierra” del texto constitucional el término “disminuidos” y reconoce los derechos y deberes de las personas con discapacidad; una reforma “de calado”, según el presidente, que pone a España “a la vanguardia”.

“Apelo a la responsabilidad y a la conciencia cívica de todas las fuerzas parlamentarias, aspiramos y no me cabe duda de que va a ser así, a contar con la aprobación unánime. Va a ser un gran triunfo para el movimiento de la discapacidad y para el propio país”, subrayó Sánchez, que precisó que para conseguir la igualdad y la plena inclusión de las personas con discapacidad es necesario “facilitar la accesibilidad universal eliminando barreras no solo físicas sino también mentales”, así como llevar la inclusión a todos los ámbitos, desde la educación hasta la sanidad, pasando por el empleo o el medio urbano.

Para Sánchez, esta reforma, que se ha impulsado bajo el liderazgo de la vicepresidencia primera del Gobierno y con la participación del colectivo de la discapacidad, representado por el Cermi, pondrá a España “a la vanguardia” en derechos de las personas con discapacidad.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término ‘disminuido’ y sustituirlo por el de ‘personas con discapacidad’. Ahora el texto pasará al Congreso, donde se iniciará la tramitación parlamentaria de la primera reforma social que se acomete en el texto constitucional.

CERMI SE SUMA El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, subrayó que esta reforma entierra una nomenclatura “antigua y obsoleta” que “hiere” a las personas con discapacidad, pero que además sitúa a España “en la vanguardia de la regulación constitucional”, y reclamó el apoyo unánime.