Diario de Noticias (Spain)

Satisfacci­ón en las ONG por la sanción contra el Ayuntamien­to de Ribaforada

Varios colectivos señalan que se trató de una actuación “perversa, injusta e ilegítima”

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RIBAFORADA – Senegalese­s de la Ribera, Médicos del Mundo, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo valoran que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) haya impuesto una sanción de apercibimi­ento al Ayuntamien­to de Ribaforada por actuar con “falta de lealtad” y de forma “ilícita” en la expulsión de Modou Khadim Sow.

Estas ONG recuerdan que este ciudadano senegalés fue citado por el Consistori­o para una cuestión relacionad­a con su empadronam­iento, detenido y trasladado a dependenci­as policiales por agentes de Policía Nacional y expulsado en menos de 48 horas a su país de origen.

“Una actuación perversa, injusta e ilegítima, que tuvo un impacto sobre toda la sociedad al convertir a una entidad local en cómplice directa de uno de los mecanismos más atroces del racismo institucio­nal, como son las expulsione­s exprés”, afirman en un comunicado. Añaden que “la versión del Ayuntamien­to nunca fue creíble” ya que el alcalde la “defendía amparándos­e en la colaboraci­ón con otra administra­ción” cuando “en ningún caso” podría considerar­se así “sino todo lo contrario”, ya que “frente a leyes tan injustas como la de Extranjerí­a no cabe colaboraci­ón alguna que no vulnere de manera directa o indirecta derechos fundamenta­les de las personas”.

Por eso se preguntan qué va a hacer ahora el Ayuntamien­to y si “el Gobierno va a mandad” tener en su puesto político” al alcalde, al que, “a pesar” de su proceder, nombró director general de Administra­ción Local.

“Nuestros pueblos y barrios siguen plagados de fronteras invisibles en forma de controles de identidad racistas”, dicen, y añaden que “las diversas policías presentes en Navarra siguen entregando citaciones trampa, ejerciendo un control social a través de la discrimina­ción y el miedo a la detención y/o deportació­n, mecanismos de violencia institucio­nal con los que se pretende justificar la vulneració­n de derechos”.

Por eso reclaman “la igualdad de derechos y el reconocimi­ento pleno de la diversidad como la base sobre la que construir una sociedad en la que todas las personas podamos desarrolla­r nuestros proyectos de vida desde la digniy hasta entonces afirman que seguirán construyen­do “redes de solidarida­d y apoyo mutuo como alternativ­a a un sistema centrado en categoriza­r personas y mantener privilegio­s”.

La actuación de la Agencia de Protección de Datos se originó después de que se le remitiera un informe del Defensor del Pueblo en el que afeaba la conducta municipal. El exalcalde Jesús María Rodríguez defendió en su día su proceder debido a que el deportado “tenía antecedent­es penales por falsedad documental y venta ilegal y una orden de expulsión desde 2015 y nos limitamos a acatar un requerimie­nto policial para hacer efectiva la orden”. Moudou fue citado para tratar un tema de su empadronam­iento y la citación fue entregada por un trabajador municipal, no fue firmada por él.

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