Secretos de Estado y democracia
La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. La norma vigente proviene de 1968, en pleno franquismo y tan solo ha sido modificada una vez y con leves retoques en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución. La ley, política y técnicamente obsoleta, produce bochorno: bajo la firma de Francisco Franco, cita las leyes del movimiento, habla de publicidad en lugar de transparencia y, por exponer solo otro ejemplo, puede comprobarse cómo uno de los órganos habilitados por la ley para clasificar los documentos (la Junta de Jefes de Estado Mayor) ya no existe. El decreto que desarrolla la ley, del año 1969, está firmado por Carrero Blanco y regula cuestiones tan anacrónicas como reveladoras: así, menciona como medios para garantizar tales secretos el cambio de combinación de las cerraduras de las cajas fuertes o la destrucción de las materias secretas “por medio del fuego o procedimientos químicos”.
Con todo, el mayor anacronismo de la ley radica en que no contempla un plazo de caducidad de forma que, salvo que el órgano que los clasificó los desclasifique expresamente, los documentos pasan a ser eternamente secretos, sin plazo alguno.
Suele decirse que todos los Estados tienen secretos. Pero ningún país serio, civilizado y moderno permite que lo sean para siempre, como sí ocurre en España, gracias a una ley franquista que la democracia no ha modificado.desde un punto de vista jurídico y de valores democráticos perdurar más días con esta situación es inadmisible y queda alejada de las buenas prácticas democráticas.
El hecho de que el PP y el
PSOE hayan bloqueado uno tras otro los diversos intentos de reforma de la Ley de Secretos Oficiales ha hecho crecer la sospecha de que ambos partidos intentan en realidad tapar sucesos de la Transición y que serían susceptibles de ser desclasificados, como la intentona golpista del 23-F o la guerra sucia contra ETA; pero es que además debe tenerse en cuenta que el actual “candado” legal afecta también a las acciones del franquismo, lo que plantea una situación sin parangón en el mundo: que un régimen democrático proteja y ampare los secretos de una dictadura, es decir, la impunidad.
Ahora, con el nuevo proyecto de ley anunciado, parece que la idea del Gobierno central es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y el nivel de secreto.
Previo al trámite parlamentario el gobierno central pretende realizar un estudio comparado de la legislación internacional con el objetivo de que la nueva ley homologue a España con otras democracias occidentales y cumpla los parámetros fijados por las organizaciones internacionales de las que forma parte, especialmente la UE y la OTAN.
En realidad, todo este proceso genera un punto de escepticismo porque ya antes incluso de iniciar la redacción de la ley se han comenzado a formular alegaciones en el sentido de que hay que atender a la legislación sobre protección de datos personales y al derecho al honor, o a la seguridad de las fuentes informativas de los servicios de inteligencia o la necesidad de preservar las relaciones diplomáticas y cumplir los compromisos internacionales para frenar las expectativas sociales y políticas que este proceso normativo podría generar.
Lo único que está claro hasta el momento es que la decisión de elaborar un proyecto de ley
La ley, política y técnica obsoleta, produce bochorno: bajo la cita de Franco, cita las leyes del movimiento y habla de publicidad en lugar de transparencia
de secretos oficiales supone que el Gobierno descartatotalmente el texto, muy bien trabajado, que fue presentado por el grupo vasco en el Congreso.cabe recordar que, desde su admisión a trámite en enero de 2020, esa muy buena proposición de leyha permanecido encallada en la Mesa del Congreso, que ha prorrogado el plazo de presentación de enmiendas 24 veces: pura esencia de filibusterismo parlamentario tan poco edificante como revelador de los intereses en presencia. ●